12 de enero de 2018
12.01.2018

Los dueños de Banys de la Reina rechazan la solución del Ayuntamiento de Calp para adquirir el yacimiento romano

Su letrado anuncia una contraoferta tras no convencerle que paguen la expropiación propietarios a los que el ayuntamiento sube la edificación

12.01.2018 | 16:31
Los dueños de Banys de la Reina rechazan la solución del Ayuntamiento de Calp para adquirir el yacimiento romano

Primer escollo. La propuesta presentada hoy en la comisión especial de Banys de la Reina por el experto Gerardo Roger para salvar este importante yacimiento romano de la construcción ha tropezado con el rechazo de los propietarios. El abogado de los dueños de este suelo de gran valor arqueológico, cuyo derecho a edificar reconoció en 2016 el Tribunal Supremo, ha calificado en esa reunión interna de "inadmisible" que no hubieran conocido antes la propuesta y también los términos en los que se plantea. Ha anunciado que en un par de semana trasladará al consistorio una contraoferta de los propietarios.

La solución urbanística que plantea el experto es de encaje de bolillos. La prioridad del ayuntamiento es adquirir el yacimiento (el alcalde, César Sánchez, del PP, ya ha anunciado que quiere musealizar y hacer visitables los vestigios de las villas romanas y de sus excepcionales mosaicos). Pero no tiene dinero para comprarlo. De ahí que el experto plantee que la expropiación la paguen los propietarios del plan parcial del Saladar a cambio de que se les aumente la edificabilidad. La propuesta subraya que ese incremento de edificabilidad no pondrá patas arriba la fisonomía urbanística de Calp. No se llegaría en el Saladar al máximo legal de cien viviendas por hectárea. Es decir que, en principio, ese modelo de los hoteles de cuatro y cinco estrellas que no computan elementos comunes y crecen 30 plantas y más no se haría extensible a todas las construcciones de este plan parcial.

El "sí" de los propietarios de Banys de la Reina a esta operación urbanística es importante, pero no imprescindible. Al fin y al cabo, se trata de una expropiación. Pero si los dueños del suelo plantan batalla en los tribunales todo se complica mucho. Los precedentes de anteriores pleitos no son nada halagüeños para el ayuntamiento.

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