Patricia Carpenter, de 70 años, está en la calle. Es propietaria de una preciosa casa de la partida rural de Benitzaina, en Dénia, pero no puede entrar. Los «okupas» llaman a la Guardia Civil (los agentes ya han tenido que acudir dos veces) cuando Patricia pone un pie en su vivienda. Incluso ha contratado a una empresa de desocupación. Esta mujer ha denunciado a la familia que está en su casa (marido y mujer y un hijo de 24 años) y que se niega a abandonarla. No entiende que la ley los ampare. «Mientras sale el juicio, soy yo la que no tiene donde vivir», lamenta Patricia, que el viernes ya intentó recuperar su vivienda a la desesperada. Entró y abrió con su llave. «Si me arresta la Guardia Civil y me llevan al calabozo, que lo hagan. No soporto más esta situación».
Los «okupas» son peculiares. «Viven a todo tren. Me han engañado», afirma Patricia, que les alquiló la vivienda el 21 de diciembre de 2020 y muy pronto se arrepintió, ya que le pagaban tarde y mal hasta que dejaron de abonarle la mensualidad. El contrato fijaba un alquiler de 2.700 euros al mes. También incluía una posible opción de compra por medio millón de euros. «Pero un mes me daban 500 euros, otro 100 y durante todo este año no me han pagado nada».
La propietaria los denunció por impago. La deuda sube a unos 30.000 euros. Asegura que en abril ya debieron abandonar la casa ya que hay una orden de desahucio. El contrato de alquiler terminó este martes.
Esta mujer, que es británica, se marchó a Inglaterra al arrendar su casa, que había adquirido en 2006. Tras el Brexit, decidió ponerla a la venta y volver a su país. Los inquilinos habían mostrado incluso interés en quedársela. Son alemanes y le dijeron a esta mujer que poseían una vivienda en su país y otra en Italia y que las iban a vender para adquirir la de la partida Benitzaina de Dénia.
«Pero nada era como parecía. Estos ‘okupas’ son diferentes a los habituales. Son pijos. Tienen dinero, viven bien y en la casa han metido caballos de raza y varios coches todo terreno. Dicen que les han aprobado el núcleo zoológico, pero es mentira, ya que era imprescindible que yo firmara y no lo he hecho», expone Patricia.
La propietaria ha acudido ya varias veces con trabajadores de la empresa de desocupación. Llegaron a un acuerdo con la familia. Estos estaban dispuestos a marcharse. Pedían, a cambio, que Patricia les perdonara la deuda de 30.000 euros. Pero, al final, se echaron atrás y dijeron que no se movían hasta que un juez los echara.
«Es desesperante», afirma la mujer. El viernes volvió a la casa. No había nadie. Entró con sus llaves. El hijo y su madre llegaron en seguida. Avisaron a la Guardia Civil. Llegó una patrulla. «No pude evitarlo. Es mi casa. Compré una vivienda pequeña, de campo, y todo lo demás lo he construido yo. Es preciosa y no puedo entrar. Es muy injusto».
Los agentes mediaron. Convencieron a Patricia para que saliera. Mostraron una gran empatía. No querían, por nada del mundo, arrestar a esta mujer de 70 años. Mientras, los trabajadores de la firma de desocupación se mantenían en contacto con su abogado, quien aseguró que presentará en el juzgado de Dénia una denuncia por delito de usurpación contra los «okupas». El objetivo es que se celebre un juicio rápido y que la propietaria pueda recuperar cuanto antes su casa.
