Economía y empleo

La enfermedad valenciana

El desplome del sector de la construcción y su arrastre sobre los servicios ha dejado al descubierto una legión de parados de baja o muy baja cualificación (el 88,9 % del total) cuya reubicación será muy complicada sin un nuevo sistema de formación rápido y adaptado a las necesidades de las empresas. La debilidad de los motores económicos alternativos al ladrillo dificulta la curación de la «enfermedad valenciana».

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VÍCTOR ROMERO
VALENCIA
El dos de noviembre de 2010, con todo el boato protocolario que tanto agradaba al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, su entonces vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla, suscribía con los representantes de la patronal valenciana Cierval y los sindicatos mayoritarios la denominada Estrategia de Política Industrial (EPI). El plan suponía orientar los esfuerzos de la política económica autonómica hacia la recuperación del tejido industrial valenciano, muy castigado en los años de bonanza por el auge de la construcción y la fuga de capitales financieros y humanos hacia el sector del ladrillo.

Mäs de un año después, la sequía financiera de la Generalitat, con los planes de competitividad suspendidos en la práctica, ha abocado la EPI al cajón de la Conselleria de Economía. No hay dinero para recuperar la política industrial. El pasado jueves, sindicatos y patronal reclamaron al Consell el rescate de la EPI por considerar que está «en hibernación». «Sólo con la austeridad no se sale de la crisis, debe haber medidas de impulso económico», dijeron los agentes sociales.

En la última década, la industria valenciana, antaño una de las punta de lanza del desarrollo regional, ha llegado a perder un tercio de su peso en la economía local. En 2008, cuando la crisis asomó la orejas (y gran parte de sus fauces), la industria representaba el 17,5 % del valor añadido bruto de la comunidad autónoma. La cifra en 2010, era mucho más baja si se computa como porcentaje del Producto Interior Bruto regional a precios de mercado, un 12,8 %. Nada que ver con el 19,5 % de 2000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Medido en términos de empleo, diez años antes, la industria ofrecía 403.800 empleos frente a los 330.100 de 2010.

¿Adónde fue a parar el capital y el empleo durante esa década de facilidad de acceso al crédito y crecimiento económico ininterrumpido? Se ha escrito y analizado en muchas ocasiones, pero es bueno hacer memoria. La construcción, y más en una autonomía costera y turística como la valenciana, absorbió gran parte de esos recursos. Y con ella todos los sectores y subsectores que orbitaban en torno a su despegue: Servicios de todo tipo, maquinaria de transporte, muebles, electrodomésticos, entidades financieras, etc. En 2008, año en que la burbuja estalló en toda su magnitud (las ventas se pararon y con ellas las obras y las máquinas), la construcción representaba el 15,9 % del PIB valenciano, más de dos puntos por encima de la media española.

El parón de la locomotora de la construcción ha tenido un efecto arrastre sobre el conjunto de la economía. Entre 2008 y 2010 el PIB regional se desplomó un 6,4 %, también por encima de la media española. En 2011 la recuperación apenas ha sido del 0,7 % y para 2012 las previsiones son muy pesimistas, con descensos de la riqueza superiores al 2 % (2,2 % según el BBVA).

El «ladrillazo» atrapó a las entidades financieras, que han estrangulado el crédito e impiden la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión al tiempo que condicionan la absorción del «stock» de viviendas con sus amplias carteras de suelo y casas.

La consecuencia más grave del colapso económico valenciano (y español) es sin duda el desempleo. La tasa de paro ha alcanzado el 24 % de la población activa. En la Comunitat Valenciana hay 535.000 parados según el Servicio Estatal de Empleo, más de 600.000 según la estadística de la Encuesta de Población Activa.

En un artículo de opinión recientemente publicado en un diario nacional, los economistas Florentino Felgueroso y Luis Garicano se refería a la denominada «enfermedad holandesa». Tras el descubrimiento de ricos yacimientos de gas en el Mar del Norte, a principios de los años sesenta del siglo pasado, Holanda vivió un fuerte crecimiento de su riqueza. Tanto, que el valor del florín se disparó, las exportaciones dejaron de ser competitivas y el sector industrial se destruyó. Al calor del dinero que llegaba del exterior gracias al gas, la demanda interna se disparó, los precios subieron y la economía holandesa se recalentó, neutralizando el efecto riqueza derivado del descubrimiento del recurso natural.

Felgueroso y Garicano hacen una analogía entre esta «enfermedad holandesa» y la apuesta española por el sol y el ladrillo de los últimos quince años. Pero establecen una diferencia sustancial. Al contrario que en Holanda, la burbuja inmobiliaria se ha sustentado sobre una baja cualificación laboral y educativa. Para trabajar en una obra, para montar una inmobiliaria, una tienda de muebles o una empresa de instalaciones eléctrica, no ha hacían falta elevados niveles educativos. Es más, fueron muchos los jóvenes que atraídos por los generosos salarios de los años de bonanza, abandonaron sus estudios y las Administraciones tampoco vieron la necesidad de aumentar notablemente la inversión en educación para anticipar el cambio de ciclo y preparar a la población para el necesario cambio de modelo productivo.

La consecuencia ha sido el pobre retrato surgido de los informes PISA sobre el sistema educativo español y los problemas que ahora tienen las autonomías y el Estado para elevar los recursos que se destinan a formar a los jóvenes y desempleados.

Si la economía española ha perdido 2,7 millones de empleos, el 80 % de esta caída se concentra en personas con un discreto nivel educativo (enseñanza secundaria o estudios inferiores). Los datos son incluso superiores en el caso de la Comunitat Valenciana, donde el 88 % de los trabajadores en paro (más de 476.000) apenas tiene estudios secundarios tanto de enseñanza obligatoria (ESO) como de formación profesional. El resto de parados tiene estudios superiores de FP o universitarios y de posgrado.

Es cierto que son muchos los desempleados con estudios superiores que no encuentran empleo. Ingenieros, arquitectos, periodistas, abogados, técnicos de alto nivel, etc, no encuentran empresas capaces de contratarles. Esto es producto de la caída de la actividad, de la redistribución geográfica de los polos de crecimiento (que obligan a la movilidad laboral) y de la desaparición de empresas durante la crisis. Pero estos colectivos tendrán más fácil su reubicación cuando se despejen las incertidumbres financieras y los empresarios se animen de nuevo a emprender.

Sin educación no hay crecimiento
El problema más grave es la larga nómina de trabajadores poco cualificados. Sólo en el segmentos de parados con ESO, hay 388.000 personas en la Comunitat Valenciana. Sin una mayor formación no será fácil que encuentren trabajo, lo que los aboca al paro de larga duración. En el conjunto de España, los ocupados con estudios superiores ya superan a los de los niveles más bajos. Esto demuestra que la educación siempre es un factor positivo a la hora del reacomodo laboral.

Pero hay un aspecto todavía más grave. Una población poco formada genera un economía poco competitiva. Sin formación será muy difícil que el tejido productivo valenciano y español logre reinventarse para recuperar la senda del crecimiento.

La educación es la solución. El petróleo de la Albufera, entendido como el hallazgo de un nuevo maná que sustituya al ladrillo, solo abocaría a un nueva «enfermedad valenciana».

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