Todo tiene un precio. Y más si se trata de atraer a España una de las hipotéticas inversiones extranjeras más importantes de los últimos años. Esa filosofía es la que parece estar aplicándose en los equipos de las candidaturas de Madrid y Barcelona para lograr que «Eurovegas», el macroproyecto del magnate Sheldon Adelson que pretende emular a la ciudad de Las Vegas en Europa, sea acogido en su ciudad respectiva.
Las cifras, en efecto, prometen ser impresionantes. Y más teniendo en cuenta la situación económica actual. Nada menos que de 15.000 a 18.500 millones de inversión de aquí a 2022 y la creación de unos 200.000 nuevos puestos de trabajo —entre directos e indirectos— es lo que augura Adelson, que actualmente ocupa la catorceava posición entre los hombres más ricos del mundo según la prestigiosa publicación Forbes.
De materializarse finalmente este mastodóntico complejo centrado «en el ocio y en los negocios», según el equipo de portavoces del potentado norteamericano, ocuparía una superficie de más de tres kilómetros. Ello supondría aproximadamente la mitad de tamaño que ocupa el bulevar original en el estado de Nevada. El proyecto presentado por el grupo Las Vegas Sands anticipa que en toda esa extensión tendrían cabida un total de 12 complejos hoteleros (que albergarán unas 36.000 habitaciones), seis casinos (con más de 1.000 mesas de juego y 18.000 recreativas), nueve teatros, varios campos de golf e incluso un macroescenario de 15.000 localidades.
Un teórico salvavidas económico que, eso sí, sólo llegaría de la mano de importantes concesiones tributarias y legales que deben aceptarse como condición sine qua non. Y es precisamente esto lo que está generando importantes reservas en varios sectores de la sociedad.
Flexibilidad legal para «Eurovegas»
Con Madrid y Barcelona sumidas en tal competición, la lista de exigencias tanto legales como económicas a la idea del empresario parece ser la gran olvidada. En una especie de juego al despiste, las afirmativas al proyecto se suceden desde ambas candidaturas, al mismo tiempo que éstas aseguran que el futuro complejo de juego de Adelson deberá acatar las mismas normas que el resto. Y es que el recelo de ambas ciudades a ahuyentar al invitado esgrimiendo la ley resultan muy notorias. Algo que no ha pasado desapercibido tanto para los medios de comunicación como para los ciudadanos, al poner en consideración el alto precio que pide Sheldon Adelson para instalarse en España.
De hecho, un vistazo rápido a las condiciones planteadas por el grupo LVS a la candidatura de Madrid da bastantes pistas sobre este juego de intereses. El multibillonario pide básicamente, y entre otros muchos requisitos legales, que se flexibilicen la Ley contra el blanqueo de capitales, el Estatuto del trabajador o la Ley de extranjería. Además, persigue cierta invulnerabilidad económica para su proyecto de tal forma que se le exima de pagar las cuotas de la Seguridad Social durante los dos primeros años y que los desembolsos en concepto de impuestos tanto locales y regionales como estatales sean casi nulos. También plantea como condiciones que el Estado sea garante de un préstamo por valor de 25 millones de euros ante la Unión Europea, que se estimule la creación de nuevas infraestructuras que comuniquen su «Eurovegas» y que se le ceda gratuitamente el suelo tanto privado como público correspondiente al área de edificación del proyecto —lo cual contemplaría casos de expropiaciones a particulares si fuera necesario—. El acceso a las instalaciones de menores y ludópatas confesos sería otra exigencia polémica que se baraja. Una serie de peticiones, en definitiva, que podrían enclavar a «Eurovegas» en una suerte de «paraíso fiscal», según el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda.
Temor a otro «affaire Monegros»
Ahora que Madrid parece llevar la delantera en la carrera por «Eurovegas», las reacciones a la idea por todos los sectores de la sociedad no han tardado en llegar. Las ventajas prometidas por el magnate norteamericano no parecen suficientes como para contentar a los partidos de la oposición y a los colectivos que, como la plataforma «Eurovegas No», han ido proliferando ante la inminencia de un posible foco de caudal económico, pero también de actividades ilícitas y de conflictos urbanísticos y medioambientales.
Mientras el Gobierno central ha asegurado su «total neutralidad» en el proceso, el PP madrileño asegura que este «no es su modelo productivo». Eso días después de que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad, se desmarcara proponiendo abiertamente crear «una isla legislativa y fiscal» para el negocio de Adelson. Mientras, los partidos de IU y UPyD opinan que «se está vendiendo la Comunidad a cachitos» y que la escasa transparencia en los progresos de las diversas negociaciones es una constante. Tampoco faltan las voces que ponen en duda que un entramado de 12 hoteles y varios centros de ocio sean capaces de conglomerar con holgura una mayor actividad laboral que todo el sector hostelero actual en Madrid, que se estima en unos 181.000 activos, tal y cómo indicó Tomás Gómez, portavoz de los socialistas en Madrid. Otra preocupación radica en que este proyecto acabe en el mismo cajón que los endeudados parques temáticos de «Isla Mágica» y «Terra Mítica» o el fallido «Grand Scala», que aspiraba a convertirse en un epicentro de juego y ocio que atraería 17.000 millones de euros y casi 90.000 empleos a la comarca de Los Monegros aragoneses y que ha sido finalmente desechado por sus promotores.
Se abre ahora un plazo de apuestas que concluirá el próximo mes de mayo. Entonces se conocerá la ciudad adjudicataria del macrocomplejo «Eurovegas» y se podrán vislumbrar con mayor claridad las dimensiones tanto positivas como negativas que puede propiciar el hecho de importar la filosofía de la «ciudad del pecado» directamente a España.
Valencia sonó para albergar «Eurovegas»
El grupo de casinos de Sheldon Adelson, Las Vegas Sands, ya fue noticia el pasado año en este diario por haber tanteado la posibilidad de construir otro «mini-Las Vegas» en la Comunitat Valenciana. Para ello, una delegación de LVS visitó durante 2009 diversos enclaves valencianos que podrían reunir los requisitos de clima, localización, infraestructuras y extensión geográfica que demandaban las dimensiones del proyecto.
Los intermediarios visitaron terrenos situados en Chiva y Picassent, aunque los descartaron posteriormente para recomendar como mejor opción la Marina Real Juan Carlos I, sita en el mismo puerto de Valencia, según fuentes de la Generalitat. Desde entonces no hay novedades.
Los presupuestos de este primer intento de montar un «Eurovegas» en terreno español se cifraron en unos 15.000 millones de inversión y en 180.000 puestos de empleo, cifras cercanas a otros casinos del grupo por entonces.
