Las entidades financieras intervenidas o nacionalizadas desde hace tres años han confesado unas pérdidas de aproximadamente 17.120 millones de euros (sumando los datos individuales de Bankia y su matriz BFA). Es una barbaridad, desde luego. Pero resulta que todas y cada una de ellas reconocieron esos números rojos pocos meses después de haber comunicado unos resultados con beneficios en idéntico período o en el ejercicio inmediatamente anterior. En todos los casos, tuvieron que pasar por manos del Estado para que su situación contable cambiara de forma tan sustancial. Si tomamos a todas esas entidades y sumamos sus resultados del último ejercicio antes de la intervención llegaríamos a la conclusión de que obtuvieron unas ganancias de unos 410 millones, según lo que declararon a los organismos reguladores y supervisores. En esa cifra se incluyen los 244 millones de beneficios que la CAM declaró en 2010. Si tomáramos en consideración las pérdidas que confesó la CAM en septiembre de 2011, dos meses después de pasar a manos del FROB y mil millones inferiores a las que declaró después para el conjunto de ese ejercicio, entonces estas entidades, todas ellas fruto de la fusión de cajas de ahorros —a excepción del Banco de Valencia—, habrían revelado unas pérdidas de 1.550 millones. Sea como fuere, lo cierto es que la distancia entre una cifra y otra es de escándalo.
Hay casos realmente escalofriantes. Por ejemplo, Bankia. La entidad todavía participada por Bancaja declaró unos beneficios de 309 millones de euros en 2011. La semana pasada, los nuevos gestores reformularon las cuentas con el resultado de unas pérdidas de 2.979 millones. El caso de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), es si cabe más dramático. La sociedad había revelado unas pérdidas de 439 millones el año pasado en términos individuales —un beneficio de 41 en el consolidado— pero el pasado lunes declaró que, en realidad, había perdido 7.236 millones. ¿Cómo es posible? ¿Qué ingeniería contable hay detrás de estos estratosféricos cambios?
Estas situaciones se han reproducido en todas los rescates que se han sucedido en esta crisis financiera desde que en marzo de 2009 el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha. La entidad había declarado en 2008 unos beneficios de 30,6 millones de euros. Después de pasar por las manos del Estado y antes de ser adjudicada a Cajastur, admitió unas pérdidas de 740 millones. Al margen de la citada, de BFA/Bankia (es decir, también Bancaja) y de la CAM, clama al cielo el caso del Banco de Valencia, que decía estar ganando al finalizar el primer trimestre de 2011 algo más de 14 millones de euros, pero que al final generó unos números rojos de 886 millones en el conjunto del ejercicio. La cordobesa Cajasur y las agrupaciones de cajas Unnim (nacionalizada y luego adjudicada al BBVA), CatalunyaCaixa (en manos del Estado en un 90 % del capital y a la espera de ser subastada) y, en menor medida, Novagalicia Banco (93 %) también han registrado cambios significativos en sus cuentas de resultados.
Hay muchos factores que explican esta liberalidad en el cálculo numérico y el principal de ellos está en la irresponsabilidad o incompetencia —o ambas a la vez— de los gestores de estas entidades. Es volver sobre lo mismo, pero la apuesta suicida que hicieron por la financiación inmobiliaria y por actividades que nada tenían que ver con su negocio, como ser tenedores de suelo o participar directamente en la promoción de viviendas, de tal forma que competían con sus propios clientes, han provocado un daño considerable en los balances de estas entidades, hasta el punto de verse incapaces de digerir el exceso de suelo y viviendas terminadas o sin terminar que tienen en sus balances. En la mayoría de los casos, a los precios de origen y no a los actuales de mercado, que es uno de los factores clave en la afloración de pérdidas.
Dejando al margen posibles delitos que deberán investigar los tribunales a instancias de los inspectores del Banco de España, la aparición repentina de pérdidas cuantiosas cuando antes se declaraban beneficios obedece, en la mayoría de los casos, a cuestiones contables, que pueden no ser ilegales, pero sin duda discutibles y, en muchos casos, irregulares. El afloramiento se produce cuando los nuevos gestores hacen tabla rasa de la situación anterior y empiezan a considerar como de necesaria provisión muchos créditos que los anteriores gestores camuflaban como no problemáticos. Las refinanciaciones de grandes deudas, sobre todo con promotores inmobiliarios, son un buen ejemplo, porque esta fórmula eludía la morosidad —en realidad, la aplazaba— en préstamos que objetivamente sí lo eran. Muchas otras operaciones, por el sector al que pertenecen o las características de las mismas, también deberían haber sido dotadas, pero los gestores preferían considerarlas como créditos sanos y evitar tener que provisionarlos. Y es que cumplir las dichosas dotaciones en términos estrictos, en unas entidades enfangadas de mala manera en el ladrillo, tenía unas consecuencias inaceptables para ellos: la generación de pérdidas donde antes había grandes beneficios, síntoma, estos últimos, de una buena gestión. Las ganancias en los bancos permiten repartir dividendos y tener contentos a los accionistas. En las cajas, daban para destinar más dinero a las obras sociales y evitar el menor encontronazo con el poder político y con el supervisor.
Bien cierto es que el regulador no ha puesto las cosas fáciles en estos últimos años a las entidades financieras. Las sucesivas reformas gubernamentales han ido en la línea de exigir más capital y mayores provisiones a los bancos para que sanearan sus balances y ganaran en solvencia. Ello les ha forzado a la concentración mediante fusiones y absorciones, a la búsqueda desesperada de capital y, una vez en el alambre, a la asunción de pérdidas fenomenales que en parte tienen como objetivo cubrir pérdidas futuras. Probablemente, si el Banco de España hubiera sido tan exigente durante el boom inmobiliario la burbuja no habría crecido tanto y no nos habría explotado en la cara con tanta virulencia.
La caída de Rato, la llegada de José Ignacio Goirigolzarri y la entrada del Estado en BFA/Bankia se han convertido en los motivos necesarios para que la entidad haya hecho esa limpieza a fondo de sus entrañas que le va a costar unos cuantos riñones a los contribuyentes. Se supone que el rescate ya es para siempre y que no será necesario poner más dinero. De alguna forma, el Gobierno ha acabado haciendo lo que el presidente del BCE, Mario Draghi, le reprochó el jueves: Atacar a fondo. El Ejecutivo ha encargado a dos empresas independientes que hagan un análisis exhaustivo de todos los activos de las entidades financieras españolas. Nadie duda de que el resultado va a ser muy similar al que ha efectuado Goirigolzarri en Bankia. Es decir, que son necesarios nuevos miles de millones para que la banca española recupere la confianza de los mercados externos. Se habla de 30.000 o incluso de 60.000 millones a añadir a los muchos miles que van a ser necesarios con las dos reformas financieras aprobadas este año por el Gobierno. Así las cosas, con los mercados cerrados y el Estado acosado por la prima de riesgo, prepárense para oír cómo, por arte de birlibirloque, «donde dije beneficios, digo pérdidas» por parte de algunas otras entidades financieras.
Los gestores que se fueron con generosas indemnizaciones
El director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, se avino el pasado miércoles a negociar una reducción de los 13,9 millones de euros que le corresponden como indemnización tras 24 años en la entidad de ahorros. Repartida equitativamente y tirando a lo largo, esa cantidad daría para que catorce personas despedidas de su empresa tuvieran reservas suficientes para no tener que trabajar nunca más. Supongamos que se trataría de probos empleados que habrían perdido su puesto de trabajo arrastrados por la crisis y los efectos de esta sobre sus empresas y no por su incompetencia. ¿Cuál es la hoja de servicios de Izquierdo para que Bancaja le tenga reservado tal premio? Además de ejercer diferentes altos cargos en la entidad durante dos décadas, en 2007 fue nombrado director general. En consecuencia, es uno de los máximos responsables de la desaparición de la caja de ahorros. Para evitar el escándalo que finalmente se ha producido en toda España al coincidir el conocimiento general de la indemnización —adelantada hace dos meses y medio por este diario— con la necesidad de inyectar el Estado 19.000 millones de euros en BFA/Bankia, donde está sepultada Bancaja, el expresidente de esta última José Luis Olivas, consiguió que Izquierdo, que se había quedado sin destino tras perder su plaza de director de negocio de Bankia y los cargos de consejero delegado y presidente del Banco de Valencia, se reincorporara a Bancaja y eludiera de momento el cobro de los casi 14 millones que le corresponden por jubilación o prejubilación. Lo hizo como director financiero, pese a que la caja tenía cedido todo el negocio a Bankia. Por tanto, un cargo sin funciones por el que está cobrando 150.000 euros anuales. Ahora, presionado por el Consell, el Gobierno central, la sociedad en su conjunto y el propio consejo de Bancaja —eso sí, una semana después de la dimisión de Olivas—, ha aceptado que le revisen a la baja la indemnización, pero no va renunciar del todo a ella.
El caso de Izquierdo, sin embargo, es el último eslabón de una penosa cadena de exgestores que hundieron sus entidades y se marcharon con los bolsillos llenos. Por ejemplo, el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se llevó 2,8 millones a pesar de que le hundieron un plan para repartirse 25 con otros 9 directivos. Rodrigo Rato, en solo dos años al frente de BFA/Bankia y pese a las restricciones en los sueldos acordadas por el Gobierno para las entidades que han recibido ayudas, se ha quedado 1,2 millones, que a otros despedidos les daría para retirarse. El director general durante nueve meses de Novacaixagalicia, José Luis Pego, se fue con 18,5 millones y el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, con 16,5. En la CAM tampoco se quedaron mancos. Su director general durante una década, Roberto López Abad, percibió 5,8 millones, y su sucesora durante diez meses, hasta la intervención, María Dolores Amorós, se fijó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de casi 370.000. El expresidente de Caixa Penedés (integrada en Banco Mare Nostrum), Ricard Pagés, se fijó una indemnización de 11 millones. j. c. valencia
