La incógnita ya no es si sucederá, sino cuándo, cómo y cuánto costará. No hay dudas de que el rescate de España, mejor dicho, de la banca española, es inevitable. E inminente. Europa tiene preparado el camino y el Gobierno, que, por boca de su presidente, Mariano Rajoy, llevaba semanas negándolo en redondo, ya lo tiene asumido. Aunque el viernes algunas informaciones hablaban de que la petición era cosa de horas, el Ejecutivo, de cuya palabra conviene no poner las manos en el fuego, asegura que antes quiere tener en sus manos los cálculos de necesidades de saneamiento que el lunes hará oficial el Fondo Monetario Internacional (FMI) —ya ha trascendido que las sitúa en 40.000 millones— y los que presentarán antes del 21 de junio las dos empresas que ha contratado para que hagan un chequeo a los activos bancarios. Parece razonable si tenemos en cuenta el baile de cifras que hemos conocido en los últimos días: Standard & Poor´s habló de 112.000 millones y Ficht, de hasta 295.000.
Lo cierto es que los acontecimientos se han disparado en los últimos días y todo indica que la resistencia de Rajoy ha sido vencida una vez que ha logrado de Alemania un compromiso para evitar el rescate directo del país, al permitir la canciller Angela Merkel que sea el FROB —y no el propio Estado— el que acuda al fondo europeo para que le preste el dinero necesario para la recapitalización de los bancos. Los expertos aplauden la fórmula, porque elude las consecuencias catastróficas que tendría un rescate directo y pone de relieve que el problema español no es su economía en conjunto, sino algunos de sus bancos.
El escenario de partida es aterrador. Los mercados financieros no confían en este país y cada día que pasa le cobran más por prestarle. Es una tormenta —recaída en la recesión, paro desbocado, medidas de ajuste severas impuestas por Bruselas para contener un déficit que crece por el descontrol autonómico, la revisión constante de cifras y el ahondamiento en la crisis...— que alcanzó la suma perfección el pasado 25 de mayo cuando el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, anunció que el grupo nacionalizado va a necesitar 23.465 millones de euros para sanearse. Casi agotado el Fondo de Garantía de Depósitos por las sucesivas subastas de entidades, con el FROB muy menguado en el mismo proceso —ya solo le quedan 5.000 euros—, unas reformas financieras impulsadas por el Gobierno que van a apretar las tuercas mucho más a todo el sector, esté sano o no, y la amenaza del informe sobre los activos del sector encargado a las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, la gran incógnita surgió de inmediato y parece que en breve se va a aclarar: ¿Cómo va a hacer frente el Estado a las nuevas exigencias de capital? ¿Quién se va a atrever a concederle préstamos por cantidades exorbitantes? ¿Sería asumible el precio?
Nuevas exigencias
El problema es morrocotudo, en especial si tenemos en cuenta que ya no se trata solo de Bankia, porque las nuevas exigencias de capital y provisiones que va a tener que efectuar el sector, prácticamente han dejado ya fuera de combate a otras entidades nacionalizadas y que se iban a subastar, como CatalunyaCaixa o Novagalicia Banco (el Banco de España ha cifra la ayuda suplementaria en 9.000 millones para ambas), o incluso el Banco de Valencia, sin olvidar las necesidades que no puedan asumir otras entidades. Es mucho dinero. Pero esto no es todo, porque, como recuerda el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Joaquín Maudos, el Estado debe emitir deuda pública en junio por 9.000 millones y, sobre todo, en julio, por 19.000. Además, como las autonomías están en bono basura y con los mercados cerrados para ellas, el Estado tendrá que hacer frente a los 35.000 millones en vencimientos y necesidades financieras de las regiones...
Las cifras marean y no son asumibles por un país en la situación comatosa de España. No queda otra que el rescate. Por eso Maudos se mostró muy esperanzado en la última propuesta, también considerada como un rescate ligth, al igual que el catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València, Aurelio Martínez. Para ambos esta fórmula es la vía adecuada para evitar la hecatombe, es decir, la intervención española por parte de la Comisión Europea y el FMI. El fondo europeo de estabilidad financiera es el mecanismo de salvación pero sus préstamos solo pueden dirigirse a los Estados. Si España lo hace para resolver su problema bancario seguiría el camino de Irlanda, que tuvo que pedir el rescate tras sanear a su sistema financiero. El Gobierno quería que se cambiaran los estatutos del fondo para permitir que fueran los bancos los que directamente pidieran el dinero a ese mecanismo, con lo cual el Estado se quedaba formalmente al margen. Era una solución que, como apunta Maudos, no tenía visos de concretarse, porque, al margen de la oposición determinante de Alemania, se demoraría al menos un año la reforma, dado que debería ser ratificada por todos los parlamentos nacionales.
Así las cosas, la salida que parece que está abriéndose paso —y la prima de riesgo española lo está agradeciendo—es que sea el FROB (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) el que acuda al fondo europeo en busca del dinero que precisen los bancos españoles. Según Martínez, exconseller de Economía de la Generalitat con el socialista Joan Lerma, es una solución que «salva la cara a todos, a Alemania, porque el FROB es Estado y a España porque no es el Estado el que pide directamente la ayuda». Además, de cara a los mercados, es positivo, porque «reconocemos que tenemos un problema solo bancario, pero no de toda la economía española».
Rescate
Claro que no hay que olvidar que, aunque light, estamos hablando de rescate y eso implica que habrá que hacer sacrificios. Lo que pasa es que quienes tendrán que apretarse el cinturón en este caso serán los bancos que acudan al fondo europeo. Según Maudos, también investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), esas entidades serán obligadas a cambiar a sus consejos, a fusionarse con otras, a cerrar oficinas y reducir plantilla, a vender activos, entre una larga lista de exigencias que también tendrán efectos sobre el resto del sector. Una incógnita importante estará en conocer otras condiciones del fondo europeo, como el tipo de interés que aplica a las distintas operaciones o los plazos de devolución del dinero. Aquí se presenta una cuestión inquietante. ¿Qué sucedería si el FROB no tuviera recursos para devolver el dinero? Maudos cree que hay dos posibilidades. La primera es que el Estado se quede con esos préstamos y los abone emitiendo deuda pública, se supone que en una coyuntura, dentro de unos años, de normalidad en los mercados. La segunda es que el FROB y las entidades que este controle —será el caso en breve de BFA/Bankia— pasen a ser propiedad del fondo europeo.
Claro que, como ha quedado dicho, en esta compleja Europa lo que se plantea un día por unos puede ser rechazado al siguiente por otros. Entonces, ¿qué sucedería si esta fórmula de solucionar el problema bancario no prosperara al final? Pues la intervención directa, claro. Aurelio Martínez, quien fue presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la primera legislatura de Zapatero, considera que España entraría en una situación parecida a Portugal, un país afectado también por una muy baja competitividad. Aunque asegura que «no hay que pensar en ese escenario», augura que se producirían «imposiciones de política económica», si bien añade que España ha puesto en marcha en los dos últimos años muchas reformas como a las que también han sido obligados los lusos y «hay que darles tiempo».
Las consecuencias
Maudos es menos optimista. En su opinión, si el salvamento bancario se tiene que hacer a través del Estado, dados los elevados compromisos de deuda del país, esta opción sería inviable y solo quedaría el recurso del rescate español, es decir, que Europa nos financiara ante el cierre de los mercados. «Entraríamos en la misma dinámica que Grecia, Irlanda y Portugal, si bien aquí sería menos doloroso, porque ya se han hecho muchos sacrificios», precisamente por imposición europea, como el retraso en la edad de jubilación, la rebaja de sueldo a los funcionarios, la congelación de pensiones, la reforma laboral o la reforma constitucional. Es cierto que, de alguna forma, el país ya está intervenido, porque se ha visto obligado a hacer recortes severos, por ejemplo en el Estado de bienestar, pero la situación empeoraría de forma dramática: nuevas bajadas de sueldos a los funcionarios, incremento del IVA —que Maudos apuesta a que se va a aplicar de todas las maneras—, rebaja en las prestaciones por desempleo, reconfiguración del Estado de las autonomías con la transferencia de competencias al Gobierno central, posible desaparición de las diputaciones y un incremento aún mayor del llamado copago en la sanidad y la educación. Vamos, un panorama desolador.
Pese a este escenario, el investigador del IVIE considera, como Aurelio Martínez, que la economía española tiene fundamentos lo suficientemente sólidos como para evitar este descenso a los infiernos, siempre y cuando, claro, se solucione el problema de la banca. Bueno, mejor dicho, siempre que Europa resuelva el entuerto, como parece.
Las elecciones europeas marcarán el futuro del euro
El problema español no es el único frente que pone en peligro estos días la continuidad de la Unión Monetaria europea. La eurozona se la juega el 17 de junio en Atenas, dado que en esa fecha los griegos deben concurrir de nuevo a las elecciones. Los duros planes de ajuste impuestos por Bruselas y el FMI para prestar al Estado heleno el dinero que no le dan los mercados financieros ha llevado la polarización a la sociedad griega, hasta el punto de que es probable que ganen los comicios los opositores a los recortes. Tampoco hay garantías de tranquilidad en el supuesto de que los partidos proBruselas logren conformar Gobierno. El pueblo heleno está exhausto, pero mayoritariamente (un 70 %) quiere continuar en la moneda única.
Es por esto que el catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València, Aurelio Martínez, afirma que «todo tiene un límite» y «si la situación no se gestiona de forma disparatada, un nuevo rescate griego es inevitable», porque «el mecanismo de salida del euro no está contemplado e introducirlo sería la implosión». Por tanto, es más probable que el resto de Europa acabe teniendo algún gesto rotundo que permita a los griegos aliviar su situación al tiempo que se mantienen en la moneda única. Sería aquello de estirar la cuerda y soltar justo antes de que se rompa. Aurelio Martínez considera que las soluciones a Grecia y España irán de forma consecutiva y si ambas salen bien —rescate de la banca española incluido— «se ganará un tiempo fundamental» para la labor auténtica de todo este proceso, que no es otra que conformar la integración económica de la eurozona.
El investigador del IVIE, Joaquín Maudos, por su parte, apunta que la solución del problema español no sería tal si paralelamente no se solventa el heleno, porque si Grecia acaba abandonando la eurozona «España lo tendrá muy complicado, al igual que Italia y la propia moneda única». Sería el escenario no deseado por nadie en que se podría volver a otra gran depresión mundial o algo peor
