Maribel Martínez, de 51 años, contaba con ingresos producto de los ahorros de 82.000 euros que había invertido en acciones preferentes de Bankia hace dos años después de perder su empleo de cocinera de las monjas de un convento de Barcelona. El 7 de julio no recibió en la cuenta bancaria de la familia un pago de intereses del 7 % de 1.435 euros sobre los valores, dijo su esposo, Paco Valiente. El pasado 1 de junio, el grupo financiero suspendió 52 millones de euros de pagos a tenedores de 3.000 millones de euros en acciones preferentes que había vendido en 2009 Caja Madrid, después de que la entidad crediticia reformulara sus ganancias de 2011 y revelara una pérdida de 3.300 millones de euros.

La ausencia de pagos podría ser el menor de los problemas de Maribel Martínez en un momento en el que la venta de acciones preferentes en los mercados secundarios está prácticamente cerrada. Los tenedores de estas acciones preferentes que vendieron entidades crediticias rescatadas como Bankia corren el peligro de perder parte de su capital después de que desde la Unión Europea se descartara la absorción de estas pérdidas en el marco del rescate bancario de 100.000 millones de euros de España. Es más, el memorándum aprobado el viernes para el rescate bancario deja bien claro que van a tener que asumir una quita. Ahora bien, si el Estado, por su cuenta, quiere arbitrar una solución para este problema, lo deberá hacer con sus propios recursos, no los europeos. «Invertimos en las acciones preferentes confiando en las palabras del gerente de nuestra sucursal, pero la verdad es que el dinero ha quedado secuestrado», dijo Valiente, que tiene 51 años y también perdió su empleo el año pasado. «Lo que pasa en estos momentos en nuestro país y a gente como nosotros me llena de temor en relación con la economía y el futuro».

Compartir los costos

El memorándum de entendimiento de las condiciones del rescate que solicitó España el 9 de junio dice que las autoridades españolas «exigirán medidas para que los tenedores de capital híbrido y de deuda subordinada en bancos que reciben capital público compartan los costes» como parte de los intentos de minimizar el costo de la reestructuración a los contribuyentes, según la versión definitiva del documento que distribuyó el Ministerio de Economía.

Según el organismo regulador del mercado bursátil de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en mayo del año pasado 686.296 inversores minoristas tenían alrededor de 2.500 millones de euros de acciones preferentes que vendieron los bancos. De las 73 emisiones realizadas desde el año 1999, 23 se vendieron en 2009, lo que comprende los valores de Bankia que compraron Martínez y Valiente. Las entidades crediticias obtuvieron ese año 11.400 millones de euros a partir de clientes de sucursales.

Los accionistas preferentes, a diferencia de los depositantes, no cuentan con un seguro gubernamental contra las pérdidas. Después de que instituciones como el Banco Santander y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ofrecieran a los inversores la posibilidad de reemplazar las acciones preferentes por otros valores, la cantidad en circulación es ahora de 7.100 millones de euros, según la CNMV.

Por otra parte, las entidades crediticias españolas tienen actualmente 66.000 millones de euros de deuda híbrida y subordinada en circulación, segáún datos del Banco de España.

Ante la creciente indignación de los clientes en relación con las pérdidas relacionadas con las acciones preferentes, los tribunales han empezado ya a emitir sentencias en las que se condena a los bancos por no haber informado debidamente. «Les pido de corazón que traten de devolvernos el dinero», dijo Mercedes Martínez, una jubilada que participó junto con más de otros 100 accionistas en la asamblea general de Bankia celebrada en Valencia el 29 de junio. «Me dijeron que las acciones preferentes no suponían riesgo alguno, y ahora no nos queda ni una moneda», se lamenta.

Los tribunales dan la razón a los afectados

En menos de diez días se han hecho públicas dos sentencias que afectan a tenedores de participaciones preferentes en las que las entidades financieras han resultado condenadas a devolver el importe. En la primera de ellas, dictada por un juzgado de Cambados (Pontevedra), Novagalicia Banco tendrá que devolver 7.560 euros a la demandante, aldeclarar el juez nulo el contrato suscrito en su día por «error en el consentimiento, al aportar la entidad al cliente «infomrmación inadecuada, falsa e insuficiente» en el momento de adquirir un producto de alto riesgo. Esta sentencia, además, es firme, ya que Novagalicia hizo pública su intención de no recurrir. Es más, su presidente, José María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González, pidieron perdón a los que pidió perdon a los 43.000 afectados por las «malas prácticas» en las ventas de estos productos llevadas a cabo por la anterior dirección de la entidad y además anunciaron una «solución inmediata» para los clientes por la vía del arbitraje.

La segunda sentencia, dictada por el juzgado de primera instancia número 5 de Valencia y condenaba al banco BNP Paribás España a devolver a una cliente, pensionista de 66 años, las participaciones preferentes del banco islandés Landsbanki. En la sentencia se considera «imposible que la actora, con 66 años de edad y un capital muy limitado, y cuyo único riesgo antes de contratar había sido la adquisición de las típicas «matildes» (acciones de Telefónica) y poco más, compareciera ante el director de la sucursal para decirle que quería adquirir participaciones preferentes suboirdinadas perpetuas», como aducía el director de la entidad