La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró esta semana que a finales de mayo presentará el informe que el comité de expertos elabora sobre el factor de sostenibilidad para adecuar las pensiones a la esperanza de vida. El profesor del departamento de Economía Financiera y Actuarial J. Enrique Devesa, en declaraciones a EL MERCANTIL VALENCIANO, destaca la aportación de los métodos estadísticos y matemáticos en la evaluación de riesgos futuros. Sin duda, el cálculo de las pensiones públicas requiere la ayuda de dichas disciplinas.
El Gobierno ya acometió una profunda reforma de las pensiones hace dos daños. ¿Se ha quedado corta?
Casi todos los estudios que se han hecho del impacto de la reforma establecen que se ha recortado un tercio del desequilibrio del sistema, tanto si se mide en términos de diferencia entre gastos e ingresos como en términos actuariales o de ciclo vital. Es decir, queda un recorrido importante para equilibrarlo.
Ni el crecimiento económico esperado ni el aumento de la productividad en España parecen garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La sostenibilidad del sistema de pensiones de reparto depende de muchas variables y, sin duda, el crecimiento económico ayuda a mejorarla, pero es posible que este ciclo económico sea de signo contrario al ciclo demográfico. Por ejemplo, por un incremento muy elevado del número de pensionistas, lo que conllevaría problemas de liquidez, que es uno de los peligros de todo sistema de reparto. Sin embargo, hay un problema para mí más grave que es el llamado ‘desequilibrio actuarial’; esto es, la poca relación que existe entre las cotizaciones que efectúa el trabajador y la pensión que percibe. Si se analiza esta relación obtenemos que, una vez aplicada en su totalidad la reforma de 2011, por cada unidad monetaria que ingresa el sistema, éste tendrá que entregar alrededor de 1,3 unidades monetarias de pensión, lo cual significa que hay que hacer nuevas reformas.
La proporción entre cotizantes y gente que recibe prestaciones o subsidios económicos se acerca peligrosamente a dos. ¿Preocupa esta situación?
Es un indicador demográfico que se tiene en cuenta para la sostenibilidad del sistema y está previsto, según las últimas proyecciones, que llegue a 1,3 en 2060. Ese valor haría prácticamente inviable cualquier sistema de pensiones de reparto. Sin embargo, no es el más importante, porque no tiene en cuenta el importe agregado de las pensiones ni de las cotizaciones. Existe otro tipo de indicadores que dan una perspectiva diferente y que también aconsejan mejorar la sostenibilidad del sistema lo antes posible.
¿Es preferible retrasar la edad de jubilación o es mejor aumentar los impuestos sobre el trabajo?
La contestación que a todos nos gustaría oír es: ninguna de las dos. Casi todos los economistas coinciden en que aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social tiene efectos colaterales importantes sobre la oferta de trabajo, competitividad, etcétera. Retrasar la edad de jubilación es una opción que, según una encuesta que realizamos para un proyecto de investigación, era la peor valorada. Pero si por el lado de los ingresos es difícil aumentar la sostenibilidad, habrá que hacerlo por la vía del gasto.
¿Se atreverán los gobiernos de turno a tocar la pensión de jubilación por tener un plan privado dentro de unas décadas?
Las reformas realizadas en los países europeos, incluso la de Suecia, no han supuesto la transformación de un sistema de reparto en uno de capitalización, sino de ajustes de los sistemas de reparto a los riesgos y condiciones a los que está sometido.
¿Deben potenciarse los planes individuales de empresa?
Es un pilar más del sistema de pensiones general y, ante la perspectiva de que la cuantía de las pensiones públicas pueda disminuir en el futuro, debería, por, lo menos, mantenerse el tratamiento fiscal favorable para este tipo de productos. También pienso, y así lo va a hacer efectivo la Seguridad Social para los mayores de 50 años, que hay que informar a los ciudadanos de cuál es la pensión que probablemente cobrarán cuando se jubilen para poder tener tiempo de complementarla si pueden y lo creen necesario.
Algunos expertos sostienen que gravar las pensiones más altas sería anticonstitucional. A efectos fiscales, las pensiones son parte de tu patrimonio. ¿Qué piensa de este asunto?
Las pensiones, excepto las de incapacidad permanente, tributan como rendimientos del trabajo, ya que es un salario diferido y, por lo tanto, están sujetas al Impuesto sobre la Renta. Si lo que se pretende es aplicar otro impuesto adicional, habría una doble imposición que no creo que tuviera mucho sentido, excepto el meramente recaudatorio.
El Tribunal Constitucional acaba de declarar «inconstitucional y nulo» el mecanismo de cálculo previsto por la Ley General de la Seguridad Social para los periodos de cotización que dan derecho a una pensión contributiva en el caso de los trabajadores a tiempo parcial. ¿Cómo puede solucionarse esta situación?
Estos días se ha constituido una mesa negociadora con sindicatos, patronal y el Ministerio para tratar el tema. La aplicación de la sentencia tiene gran dificultad de encaje en el sistema y en la situación actual. La solución más sencilla pero más complicada es pasar a un sistema de aportación definida como en Suecia.
¿Habrá que seguir usando la hucha de las pensiones?
Sí, este año seguro y el próximo también. Sin embargo, no hay que dramatizarlo porque la hucha de las pensiones está para precisamente para poder superar los problemas de falta de ingresos del sistema de pensiones, derivados de los ciclos económicos adversos.
