El sistema financiero español, aquel que al inicio de esta crisis era considerado por el Gobierno de Zapatero como la envidia del mundo por su solvencia derivada de las medidas anticíclicas que había impuesto el Banco de España, ha devenido con el transcurso de los años y el agravamiento de la recesión en una losa. Decenas de miles de millones de euros se han tenido que invertir para reflotar el sector, principalmente en las antiguas cajas de ahorros, que antes acaparaban la mitad del negocio y que ahora prácticamente han desaparecido. Los últimos datos de la Comisión Europea aseguran que la inyección de capital público en las entidades financieras del país alcanzan ya los 54.000 millones de euros, de los cuales 41.000 se consideran como irrecuperables, incluidos los 5.500 inyectados en el Banco de Valencia, finalmente vendido por un euro a CaixaBank —aunque hay que añadir los 600 correspondientes al Esquema de Protección de Activos (EPA) ante futuros deterioros— y los aproximadamente 20.000 de Bankia, fruto de la fusión de las ya fenecidas Bancaja y Caja Madrid. Esos 41.000 millones son el dinero gastado de los 100.000 que alcanzó el rescate europeo y equivale a las pérdidas que la debacle financiera ha ocasionado al contribuyente de forma definitiva, dado que los restantes 13.000 millones —un dinero invertido, entre otros, en el reflotamiento de bancos nacidos de la fusión de cajas como Liberbank (Cajastur, Extremadura, Cantabria) o BMN (Murcia y Granada, entre otras) y de la creación del denominado banco malo, la Sareb— se dan por recuperables, al menos por ahora.
Factura general
Pero la factura general es mucho mayor y supera los 100.000 millones de euros. La Sareb ha invertido, con aval del Estado, más de 36.000 millones en la compra de activos dañados, sobre todo inmobiliarios, de las entidades nacionalizadas. Además, durante la crisis, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), nutrido con aportaciones anuales de todos los bancos, ha quedado esquimaldo en la práctica por su uso como instrumento para el saneamiento de algunas entidades. Fue lo que sucedió con la CAM. La caja alicantina fue recapitalizada con 5.249 millones procedentes de ese fondo antes de su venta al Banco Sabadell por un euro. Tampoco hay que olvidar las pérdidas que los inversores minoristas e institucionales —podrían ascender a unos 13.000 millones— han sufrido por las participaciones preferentes y la deuda subordinada o por haber destinado su dinero a comprar acciones de Bankia o el Banco de Valencia.
Ante la magnitud de estas cifras —equivalentes a más del 10 % del déficit público español—surgen dos grandes incógnitas. ¿Se podría haber evitado una factura tan abultada? ¿Está terminada la recapitalización bancaria o surgirán nuevas sorpresas en los próximos meses o años? El catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos, responde a la primera pregunta con un sí rotundo, partiendo de un dato esclarecedor: la inyección de capital público español en su sistema financiero está por debajo de la media europea, pero se hizo tarde. Con el estallido de la crisis en toda su magnitud tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, una mayoría de países de la UE, incluidos Alemania, Reino Unido, Bélgica y Holanda, advirtieron de inmediato los problemas de solvencia de algunas de sus entidades y entraron a saco en las mismas, con inyecciones de capital que provocaron la nacionalización de algunas firmas de relieve. En España, por contra, se pensó que bancos y cajas, pese a su exposición al gran sector de la bonanza económica —el inmobiliario—, tenían capacidad para resistir la crisis.
Tampoco se vio la magnitud de la recesión y se creyó que, como en otras ocasiones, se superaría en uno o dos años y que en 2010 ya habríamos iniciado la senda de la recuperación. Así que el endeudamiento no se destinó al saneamiento bancario, que era el auténtico cáncer del sistema económico, sino, sobre todo, a estimular el consumo.
Cuando empezaron a visualizarse los primeros problemas, con la intervencieron en marzo de 2009 de Caja Castilla-La Mancha, se creó el FROB, el fondo de reestructuración, que nació con 9.000 millones, todo un indicativo de cuáles eran entonces las previsiones sobre lo que iba a suceder. Maudos es concluyente al afirmar que, «si se hubiera actuado al principio, como hicieron otros países, el coste habría sido inferior». También está por ver cuál sería la situación actual si los grupos de cajas que nacieron entonces no los hubieran conformado entidades que estaban todas mal, como sucedió en el caso de Bankia. De lo que el citado experto no duda es de que en aquellos años, en los que casi nadie se paraba a mirar la prima de riesgo, el Estado no habría tenido ningún problema para financiar en los mercados el saneamiento, en lugar de recurrir a sus socios europeos, como sucedió en 2012, con la consiguiente intervención de la economía española.
Pero todo eso es agua pasada. ¿Qué le espera al sector de cara al futuro inmediato? Las noticias son inquietantes. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, dijo el martes que el Banco Central Europeo (BCE) revisará la calidad de los activos de los bancos de la eurozona a medida que asuma su tarea de supervisor único y avisó de que el resultado de este examen puede ser «preocupante». El mismo día, el Banco de España aseguró en su Informe de Estabilidad Financiera que el sector va a necesitar más provisiones a lo largo de este año debido a la prevista subida de la morosidad fruto de la crisis y la desbocada tasa de paro. El resumen de ambas predicciones no es otro que la caída del beneficio —o, en algún caso, la entrada en pérdidas— y la consiguiente merma en el capital. A este respecto, Joaquín Maudos se muestra cauto o, dicho de otro modo, relativamente optimista: «El empeoramiento macroeconómico podría precisar nuevos saneamientos, pero será de forma marginal, porque, en conjunto, lo podrán asumir las entidades, aunque habrá que ver caso por caso».
Escenario extremo
El investigador del IVIE recordó que, a pesar de que las previsiones apuntan a que a España aún le queda tiempo para iniciar con impulso la recuperación, «el Banco de España asegura que hay capital en las entidades para hacer frente a las pérdidas esperadas». También añade que en el escenario más extremo contemplado por la consultora Oliver Wyman a la hora de elaborar las pruebas de solvencia de la banca española y establecer sus necesidades de capital «estamos cerca en tasa de paro y caída del precio de la vivienda, pero aún tenemos margen en cuanto a descenso del PIB». Una aseveración preocupante, como poco, sobre todo si tenemos en cuenta que el panorama que trazó la citada consultora siempre se dijo que era muy difícil que se hiciera realidad. La cuestión es que, con tanto paro y con un consumo cada vez más retraído, la morosidad bancaria no va a dejar de crecer. Maudos apunta que seguirá esa tendencia alcista en 2014 y que puede llegar al 14 %, lo que es un mundo, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora se encuentra en torno al 10,5 %. Mala noticia para los balances bancarios. Tan desazonante como el anuncio del Banco de España de mirar con lupa las refinanciaciones, una fórmula utilizada por bancos y cajas al inicio del estallido de la crisis para ocultar morosidad alargando la vida de créditos que eran ya dudosos o incobrables. Como recuerda Maudos, el supervisor cifró en 2012 en 204.000 millones el volumen de préstamos refinanciados que tiene la banca. Un 42 % de esa cantidad está clasificada como de riesgo. Así las cosas, el experto precisa que si la mitad de ese 42 % pasa a ser considerada subestándar y, en consecuencia, se le exigen provisiones del 15 %, el sector necesitará otros 6.600 millones de euros para hacer frente a los nuevos requisitos. Así que el panorama no está precisamente para lanzar cohetes, pero tampoco podría ser de otra forma en una economía, la española, en estado comatoso y con escasa sangre en las venas, porque el dinero no acaba de circular.
