La reforma que destruyó empleo

Entonces, si no sirvió para crear empleo, como ha quedado demostrado, ¿cuáles han sido los propósitos reales de esta reforma? La visión, como es lógico, cambia según quien se exprese, pero en el fondo tanto de los sindicatos como de la patronal se llega a una cierta coincidencia en que su principal cometido ha sido mejorar la competitividad empresarial por la vía de reducir los costes laborales. El secretario de Acción Sindical de CC OO-PV, Jaume Mayor, lo expresa con absoluta claridad: «Ha servido para conseguir los objetivos que el Gobierno no decía cuando la aprobó. Como no tenemos capacidad para ser más competitivos mediante una devaluación de la moneda, hagámoslo mediante la reducción de los salarios y las condiciones laborales». El secretario general de la patronal autonómica Cierval, Javier López Mora, admite que, en ausencia de «un mecanismo de ajuste monetario, los costes laborales contribuyen a que las empresas sean más competitivas, pero los empresarios no hacemos apología de una rebaja salarial, sino que defendemos el mantenimiento de las empresas para que no queden fuera del mercado».

Los sindicatos no dudan de los efectos perniciosos que la referida reforma han tenido para el empleo, fundamentalmente porque la mayor flexibilidad para despedir que ha comportado ha favorecido que las empresas sigan deshaciéndose de empleados. Desde la patronal, por contra, Javier López Mora, asegura que «ninguna reforma crea empleo», pero tampoco lo destruye. «Es un instrumento, un requisito necesario pero no suficiente». En su opinión, «se ha destruido mucho empleo pero no por la reforma laboral, sino por las circunstancias de la economía». Entonces, ¿qué habría pasado sin esa modificación de las condiciones de trabajo?. Según su criterio, la reforma «ha permitido una mayor capacidad de adaptación a las empresas, que han podido hacer un mayor ajuste; sin la reforma, muchas empresas habrían tenido que cerrar y echar a la calle a todos sus trabajadores, mientras que ahora siguen abiertas y mantienen los empleos; las empresas, por tanto, han aguantado plantillas y salarios», aunque ciertamente más reducidos en muchos casos, porque los trabajadores, para evitar más despidos, se han avenido a recortes de sueldos.

El secretario de Acción Sindical de UGT-PV, Gonzalo Pino, también considera que la citada reforma es un instrumento, pero, en su caso, el objetivo oculto es «cambiar radicalmente el mercado laboral para convertirlo en un mercado barato y en precario» que a la larga será contraproducente, porque menos empleo y menos salario implican menos consumo y, por tanto, un palo de grueso calibre en la rueda de la recuperación económica y el futuro del país. A este respecto, apunta un dato de un sector que conoce en profundidad por su pasado como dirigente sindical en Ford-Almussafes: «Las multinacionales del automóvil están anunciando grandes inversiones en España, porque han percibido que será un mercado tan rentable, en términos laborales, como puedan serlo China, Vietnam o los países del Este de Europa». Ciertamente, la reforma ha variado considerablemente las condiciones de trabajo en España. La indemnización por despido improcedente se ha reducido de 45 a 33 días con un máximo de 24 mensualidades, en lugar de las 42 anteriores. En los llamados despidos objetivos, por causas económicas u organizativas, se han mantenido los 20 días por año con un máximo de 12 meses, pero se admite la supresión de empleos en caso de que la empresa pase tres trimestres con disminución de ingresos. Ya no hace falta autorización previa de la administración para un ERE. Asimismo, en materia de negociación colectiva, la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos es ahora de dos años, lo que implica poner fin a la ultractividad indefinida de los convenios, es decir su prórroga automática cuando vencen. Además, las empresas con dificultades podrán descolgarse del convenio sectorial.

Para el ugetista Gonzalo Pino, estas dos últimas medidas han supuesto «la amputación del diálogo social y el traslado de todo el poder a la empresa». En su opinión, sus efectos negativos se empiezan a ver ya sobre todo en las microempresas, que acaparan al 90 % de los trabajadores en la Comunitat Valenciana. Un factor clave es el del descuelgue de los convenios. La reforma «rompe la prevalencia de los sectoriales, por los que se rigen muchas pymes, y se la da al empresario. Si antes una empresa no podía atender los salarios, se llegaba a un acuerdo sobre esa cuestión con todas las partes, pero ahora se aplica de forma unilateral y al desvincularse del convenio sectorial no solo afecta a los sueldos, sino al resto de condiciones laborales», asegura Pino, quien admite, al igual que el secretario general de la patronal, que la ultractividad ha generado conflictividad laboral, lo que ha provocado que la Cierval y los dos principales sindicatos hayan firmado recientemente un acuerdo para minimizar los problemas derivados. Para Jaume Mayor, de CC OO-PV, el descuelgue de convenios, además, va a «legalizar prácticas piratas y generar dumping en las empresas», porque puede dar «ventajas competitivas» a estas «a costa de los trabajadores» si les bajan los salarios y les aumentan las horas respecto a otras competidoras de su sector. Mayor cree que el paro debería haberse combatido con otro tipo de reformas „«Valencia y el País Vasco tienen diferentes tasas de paro porque sus modelos económicos son distintos»„ para favorecer una mayor demanda interna «en lugar de atacar las condiciones de vida de los trabajadores». Desde la patronal, sin embargo, no hay plena satisfacción sobre el resultado final de la modificación. A este respecto, Javier López Mora lamenta, además de la mayor judicialización que ha provocado, que la reforma no haya recogido «con flexibilidad el contrato a tiempo parcial». Mientras tanto, Bruselas está presionando al Gobierno para que haga más cambios en el mercado laboral. ¡Agárrense los trabajadores, que vienen curvas!.