La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana abrio la pasada semana la caja de los truenos al presentar una denuncia contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, junto con otros tres directivos del recinto del Grao, por posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Las informaciones que Levante-EMV ha venido publicando desde principios de este año constatan los gastos suntuarios (yate y palco VIP en el Palau de les Arts incluidos), adjudicaciones de obra pública o la red de fundaciones participadas por la APV „que controla los puertos de Valencia, Sagunt y Gandia„ que han determinado la gestión de Aznar al frente de la institución portuaria durante los últimos ejercicios.

Aznar ocupa la presidencia del puerto de Valencia desde septiembre de 2004, cuando accedió a la misma desde la vicepresidencia tras la renuncia de su entonces máximo dirigente, Rafael del Moral.

En este período, el puerto de Valencia ha consolidado su liderazgo como primer puerto en movimientos de contenedores del Mediterráneo y sus cuentas de explotación no han dejado de obtener beneficios.

Con todo, la fiscalía del TSJ quiere ahora examinar al puerto, lo que ha sorprendido de lleno a la mayor parte de las empresas y sindicatos que operan en el puerto y a los empresarios del sector, a la espera de que se clarifique la situación.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha afirmado que no destituirá de su puesto a Aznar tras la denuncia presentada por el ministerio público contra Aznar y otras tres personas de la cúpula directiva. «Todavía no conocemos absolutamente nada», comentaba recientemente el máximo responsable del Ejecutivo autonómico. Por su parte, el grupo socialista en Les Corts exigió la comparecencia de la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, para que explique la situación de Aznar tras la denuncia por la fiscalía.

El presidente de la Autoridad Portuaria aseguró sentirse «tranquilo personal y profesionalmente» ante la denuncia de la fiscalía. Respecto a los delitos que le atribuyen considera que es una acusación «grave» y que está a la espera de recibir una comunicación oficial para ponerse a disposición de la Justicia. En su opinión, afronta estas acusaciones «desde la tranquilidad y serenidad de una hoja de servicios muy clara, de casi cuarenta años de servicio en la administración pública sin tacha».

Mientras tanto, Puertos del Estado, ente público dependiente del Ministerio de Fomento que tutela la gestión y los presupuestos de los grandes recintos portuarios españoles, sostiene que es el «primer interesado en conocer la denuncia presentada en la fiscalía». Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la demanda ha sido registrada en el juzgado de Instrucción número 14.

Contratos millonarios

Entre los años 2009 y 2012 la Autoridad Portuaria adjudicó obras por un importe de 118,4 millones de euros, donde destacan dos infraestructuras de gran envergadura: el nuevo muelle de cruceros en Valencia (20,9 millones), adjudicado en 2012, así como el muelle norte del recinto de Sagunt (25 millones).

La primera de estas infraestructuras cayó en mano de la unión temporal de empresas de Sacyr-Cyes-Somague, mientras que la segunda fue ganada por la UTE entre Acciona y Torrescámara.

La enorme competencia de estos últimos años entre los grandes contratistas de obra pública portuaria no ha impedido que algunas constructoras valencianas como Cyes „controlada por la familia Almenar„, en unión temporal con otras compañías, figure entre las más agraciadas por las adjudicaciones de la APV. Cyes también cuenta con grandes obras portuarias en otros recintos españoles y extranjeros.

Este grupo , que emplea a uno de los hijos de Aznar y construyó la vivienda donde vive el presidente del puerto, participa en la UTE que está poniendo en marcha el nuevo muelle de cruceros, que acogerá el primer barco el próximo martes.