Financiación

Patronal y sindicatos desnudan sus cuentas

En medio del escándalo de los ERE en Andalucía y de la investigación de cursos de formación y subvenciones a UGT, las patronales y sindicatos mayoritarios de la C. Valenciana aseguran que hacen buen uso de los fondos para fomentar la ocupación y denuncian retrasos en los pagos del Consell.

25.11.2013 | 10:44
José Vicente González, Máximo Buch, Paco Molina y Conrado Hernández, en la sede de la Cierval.
José Vicente González, Máximo Buch, Paco Molina y Conrado Hernández, en la sede de la Cierval.

La crisis y la devastación que sigue provocando entre las empresas y los recortes en las administraciones públicas están mermando de forma considerable los ingresos de las organizaciones empresariales valencianas. La patronal autonómica Cierval tiene un presupuesto este año de 890.373 euros, un 23 % inferior al de 2012. Las cuotas de sus afiliados, en su caso las tres provinciales de Castelló, Alicante y Valencia, ascienden a 309.673 euros, un 34 % del total, si bien la cifra es un 27,5 % inferior a los 428.189 euros del ejercicio precedente, debido a las penurias que afectan a CEC, Coepa y CEV, que lograron una reducción en sus aportaciones, en consonancia con las que padecen por las que reciben de sus socios. El resto de sus ingresos está vinculado de una forma u otra con el dinero público. Por un lado, hay una partida por participación institucional (93.000 euros), que es una compensación que la organización recibe por formar parte de órganos consultivos o entidades públicas como el Servef o el CES. Como explica su secretario general, Javier López Mora, se trata de compensarles por el tiempo que los técnicos de la patronal dedican a preparar y asistir a las reuniones de estos organismos donde se abordan cuestiones clave para las empresas. La parte mas importante del presupuesto de Cierval „472.000 euros„ procede de convenios, un proyecto europeo y Medvalencia. El caso del centro para la cooperación en el Mediterráneo es particular, en tanto en cuanto nació de un convenio entre Cierval, la CEOE y la Generalitat por el que la primera recibe un dinero fijo para su funcionamiento, en concreto este año «poco más de 200.000 euros».
Las cuentas de Cierval son poco abultadas principalmente porque esta patronal no imparte formación. Negocia los convenios a través del Pavace y los resultados los deriva a las provinciales. De ahí que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) prácticamente cuadriplique el presupuesto de la autonómica. La CEV prevé para todo 2013 unos ingresos de 3,5 millones de euros, si bien se ha producido un descenso del 45 % respecto a los 6,4 millones de 2012.

La administración no tiene dinero
El motivo principal de esta caída hay que buscarlo en la formación, cuyos fondos para la CEV se han reducido en un 67 % respecto a 2012 y en un 80 % en relación a 2011. La administración no tiene dinero, a pesar de que empresas y trabajadores abonan cuotas conjuntas del 0,7 % para ese fin. El secretario general de la patronal provincial, Ricardo Miralles, explica que «se trata de dinero finalista, con un margen empresarial cero, aunque a veces es negativo para nosotros, porque cualquier desviación o dinero que no se pueda justificar corre a nuestro cargo». Por planificar, ejecutar, coordinar y justificar los cursos de formación que imparte, la CEV solo «puede descargarse entre un 10 % y un 15 % del total adjudicado para hacer frente a los costes de la plantilla propia destinada a este fin». El resto se dedica a pagar a los docentes, el material didáctico y las auditorías. Por tanto, la organización no recibe «ni un euro a fondo perdido». Todo es a cambio de trabajo. En otro tiempo no fue del todo así. Por ejemplo, en febrero de 2006, el Tribunal Supremo condenó a la CEV a devolver a la Generalitat Valenciana 1,5 millones de euros que recibió para financiar cursos de formación en los años 1993, 1994 y 1995 y cuyo destino no justificó. Aquel fue un escándalo mayúsculo que llevó ante los tribunales a la cúpula de la patronal de aquel entonces presidida por José María Jiménez de Laiglesia „unos años más tarde, a principios de siglo, su sucesor, Rafael Ferrando, también tuvo que afrontar irregularidades relacionadas con la formación„ por prácticas ilegales como inscribir a trabajadores de la organización en cursos, a los que no asistían, para llegar a los quince alumnos requeridos para cobrar la subvención o percibir una pequeña matrícula a los alumnos. La organización asegura que ha aprendido de aquellos errores, que situaron los fondos de formación „como ahora vuelve a apuntarse respecto a UGT„ bajo la sospecha de ser una fórmula de financiación encubierta de los agentes sociales.

Formación y convenios
La formación y los convenios con la administración supondrán este año 2,86 millones de los 3,5 de presupuesto en la CEV. Los convenios derivan en su mayoría del Pavace y en este caso, según coinciden López y Miralles, las organizaciones empresariales no reciben beneficio alguno. Por las labores que se derivan de esos acuerdos, muchas veces relacionados con la información a las empresas y la divulgación de normas legales, las patronales obtienen una compensación por el trabajo que sus técnicos han tenido que realizar al respecto, si bien «la descarga de nóminas nunca puede superar el 100 % del salario».

La agonía financiera de Generalitat ha mermado considerablemente esos convenios y la formación y este ha sido un factor clave a la hora de que las patronales hayan tenido que despedir empleados por la falta de trabajo y la ausencia de liquidez. Y es que, además, como todas esas acciones delegadas de la administración se cobran una vez ejecutadas y justificadas, las patronales tienen que adelantar el dinero, generalmente gracias a la banca. Cuando la Generalitat empezó a dejar de pagar sus deudas, las organizaciones empresariales se vieron cada vez más ahogadas y tuvieron que entrar en el terreno de los recortes. La CEV, por ejemplo, tuvo que cerrar varias oficinas comarcales cuya creación provenía del Pavace y se financiaban con dinero público.

Tanto Cierval como la CEV consideran que es su obligación no renunciar a este tipo de convenios de cara al futuro, dado que son servicios que consideran imprescindibles para sus asociados, las empresas, en especial la formación. Sin embargo, dada su experiencia de esta crisis y también con la voluntad de ganar independencia frente al poder político, han empezado ya a tomar medidas para mejorar sus ingresos propios. Así, la CEV, que este año ha sufrido una reducción del 20 % en las cuotas que abonan sus federaciones, asociaciones y empresas directamente afiliadas „382.900 euros„, además de recortar gastos internos, como los que generará la absorción de su patronal de pymes Cepymev, ha iniciado una campaña para integrar a nuevos colectivos, especialmente empresas individuales y los colegios profesionales. Cuando pase la crisis y los asociados se recuperen „también hay pequeñas asociaciones que se han dado de baja„ esperan que las cuotas suban, lo que les permitirá llevar a cabo más acciones propias, porque, como dice Miralles, «las actividades y el funcionamiento de la CEV se sufragan con las cuotas». En Cierval, proyectan ofrecer servicios directos a las empresas con los que puedan obtener unos ingresos añadidos.

UGT en beneficios y CC OO, en pérdidas
El caso de los ERE de Andalucía, donde se ha detectado que la Junta pagó sobresueldos a dirigentes sindicales, ha salpicado de lleno a las centrales mayoritarias de esta autonomía, sobre todo a UGT y al Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES). Además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía si investiga a la central que gobierna Cándido Méndez por financiación irregular tras la denuncia de Manos Limpias. El IFES es un entramado de empresas que tiene representación también en la Comunitat Valenciana. Sea como fuere, por el momento, aquí se mira hacia otra parte y la organización que lidera Conrado Hernández asegura que sus cuentas son claras y bien auditadas. Hace una década, UGT-PV. al igual que la CEV, también tuvo que devolver a la Generalitat en torno a 1,3 millones de euros por los fondos de formación de 1993 que no justificó debidamente, después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso de casación presentado por el sindicato. Los hechos venían de lejos, concretamente de un convenio suscrito por UGT-PV con la conselleria de Trabajo en 1993, cuando la Generalitat la gobernaban los socialistas. El conflicto del sindicato entonces gobernado por Rafael Recuenco provocó incluso el cese del entonces conseller de Trabajo, José Sanmartín.

Deudas insostenibles
A la vuelta de los años y después de una larga temporada sin problemas económicos, la demora en los pagos del Consell en programas de formación y empleo con fondos finalistas ha alterado las cuentas de UGT y Comisiones Obreras. La Generalitat les adeuda 11 millones de euros a cada sindicato y ha ocasionado graves problemas de tesorería a las cuentas de los sindicatos, que ya vienen realizando serios recortes en sus estructuras y plantillas. Además, han tenido que renunciar a la mayor parte de la formación profesional ocupacional (la que se imparte a los parados).

Las cuotas sindicales acaparan el 39 % de los ingresos de CC OO-PV, los fondos de formación y empleo un 27 % y los servicios jurídicos, el 15,7 %. Así las cosas, los afiliados sostienen una cuarta parte de los ingresos del sindicato. Además, la entidad que gobierna Comisiones Obreras destaca que las ayudas directas sólo suponen un 3,68 % de los ingresos y en los últimos años han pasado de 1 millón a tan sólo 600.000 euros. Todavía no abonado por el Consell. El 60 % del gasto es para pagar a su plantilla y un tercio es en servicios exteriores (sedes, oficinas y otros inmuebles). Los afiliados de Comisiones Obreras „el sindicato más representativo de la Comunitat Valenciana„ sostienen una cuarta parte de los ingresos. La organización cuenta con 110.000 afiliados «activos» (es decir, que pagan cuota) y unos 13.000 delegados en empresas e instituciones públicas.

En «números rojos»
La caída del presupuesto anual de ingresos hasta los 17,9 millones de euros durante su ejercicio de 2012 provocó las primeras pérdidas de la historia de la central que dirige Paco Molina, cuyos «números rojos» se elevaron a 418.409,8 euros, un año en el que tuvo que aplicar importantes recortes de personal y de gastos en su estructura y cuyo déficit tiene que ver con deudas acumuladas que mantiene el Consell con esta organización sindical. Según el dirigente de CC OO-PV, la Generalitat aún debe 11,4 millones de euros en programas de formación y empleo que la central ya ha ejecutado desde 2010 y que estaban dotados con fondos finalistas, procedentes sobre todo de las transferencias de Bruselas y Madrid.

Entre los años 2011 y 2013 Comisiones ha tenido que reducir 110 puestos de trabajo (38 eran liberados sindicales institucionales y el resto, contratados), así como aplicar un expediente de regulación temporal de empleo y un plan de optimización de recursos en sus 35 centros, entre los que también se incluyen varias fundaciones. En la actualidad, la central que lidera Molina cuenta con 109.736 afiliados activos en la autonomía, una cifra que superó los 140.000 antes del inicio de la crisis económica. Según Molina, esta reducción hay que entenderla en un contexto de cierre de empresas y de tasas de desempleo que triplican las del último lustro. La plantilla media de los años 2010 al 2013 se ha reducido en 140 sindicalistas, acompañado de una medida de disminución de nóminas del 10 % desde principios de este año. Ahora, el sindicato sostiene cuenta con 202 trabajadores contratados.

UGT-PV, en beneficios
UGT-PV también aprobó a principios de año unos presupuestos para 2013 que contemplaban una drástica caída de ingresos y tenían como principal consecuencia la aplicación de otro ERE, el tercer ajuste laboral de la central ugetista durante los dos últimos años. También ha puesto en marcha un cambio del modelo organizativo en sedes, federaciones y uniones territoriales.
La central ugetista sufre de lleno la caída de ingresos y retrasos en los pagos del Consell, si bien logró concluir el ejercicio de 2012 con unos beneficios de 2,7 millones de euros. Su cuenta de pérdidas y ganancias elevó la cifra de negocio a 15, 2 millones, en donde la cuota de los afiliados representa tan sólo 3,2 millones y las subvenciones, donaciones y legados, 10,7 millones. Tal como le ocurre a Comisiones Obreras, tampoco ha cobrado las ayudas directas de la Generalitat (unos 600.000 euros), que son proporcionales a sus representatividad.
Tanto Hernández como Molina destacan el «buen uso» de los fondos finalistas para la formación y el empleo. Reiteran que «no son ayudas». Además, esta semana han anunciado la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar la abultada deuda del Ejecutivo de Alberto Fabra. Los sindicatos no pueden participar del plan de pago a los proveedores del Consell según los criterios que fija el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que la Generalitat ha ejecutado esos pagos, aunque en otras partidas diferentes.

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