España es un país de curiosas y, en ocasiones, injustas paradojas. Una de ellas es que cuenta con una de las facturas de la luz más caras de Europa pese a disfrutar de un sistema de generación de electricidad excedentario. La economía nacional es dependiente del petróleo y los hidrocarburos procedentes del exterior, pero autosuficiente en materia de energía eléctrica. El mix de generación es variado: centrales nucleares, hidroeléctricas, explotaciones de carbón, parques eólicos, plantas fotovoltaicas y termosolares, centrales de ciclos combinados de gas La diversificación, desarrollada como factor estratégico ha sido un éxito en España, pero no ha salido gratis. A propósito de la polémica por la anulación de la subasta de electricidad de la semana pasada por parte del Ministerio de Industria, las principales compañías españolas del sector se han lanzado a explicar a través de una campaña publicitaria que solo el 38 % del recibo de la luz se corresponde con el coste de la energía y su transporte, frente al 62 %, que son costes ajenos al suministro como cargas fiscales, ayudas a renovables, compensaciones territoriales y otro tipo de conceptos. Es cierto. Pero también es verdad que estos conceptos todavía incluyen costes de compensación como el de la moratoria nuclear de 1984 aprobada por Felipe González, o el impacto en el déficit de tarifa de los denominados costes de transición a la competencia (CTC) establecidos en el proceso de liberalización desarrollado por José María Aznar. Muchas de las grandes eléctricas son receptores de estas importes, como también de costes de amortización de centrales hidráulicas o nucleares. La legislación también dicta que el sistema debe asumir el gasto en gas natural que entra el país pero no llega al mercado de distribución cuando hay oferta alternativa suficiente para satisfacer la demanda.
Las eléctricas tampoco explican que las subastas mayoristas fijan los precios para todas las energías en función del coste de la última que entra. Por ejemplo, si es el carbón la que entra por una elevada demanda marca el precio de todas las demás. Y el carbón es de las más caras.
En definitiva, el sistema eléctrico español se sostiene sobre toda una compleja cadena de compensaciones en la que el último eslabón es el consumidor. Pese a que teóricamente el de España es un mercado regulado, donde parte de los precios del recibo los fija el Gobierno, la mayor parte de sus elevados costes van a parara al recibo de la luz. A su vez, las grandes compañías eléctricas españolas presentan año a año importantes cifras de beneficios y establecen sus estrategias en base a sus políticas de dividendos y a su fortaleza en los mercados, pues todas cotizan en bolsa. Es el caso de Iberdrola, Gas Natural, Endesa o Enagás. Las dos primeras son actores destacados del Ibex 35. Junto a Endesa, E.ON y EDP conforman la poderosa patronal eléctrica Unesa, que estos días está liderando la postura crítica ante la anulación de la última subasta, que iba camino de elevar el recibo de la luz un 11 % a partir de enero.
La bronca entre el Gobierno y las eléctricas es una excepción en la armónica relación que ha mantenido en los últimos años. Casi podría decirse que se trata de una crisis matrimonial, por el maridaje existente entre los intereses de estas compañías y las decisiones reguladoras de los distintos gobiernos, tanto socialistas como populares. Es curioso que tanto Felipe González como José María Aznar tengan ahora importantes ingresos personales como empleados de lujo de Gas Natural, el primero, y de Endesa, el segundo. Es la famosa puerta giratoria, ejemplificada en casos como el del ministro de Economía, Luis de Guindos. Hasta su nombramiento tras la victoria electoral de Mariano Rajoy en noviembre de 2011, era consejero de Endesa. Sus emolumentos ese ejercicio superaron los 368.000 euros, más de cinco veces más de lo que cobra como ministro. ¿A quién defenderá Guindos en las reuniones del Consejo de Ministros en la crisis con las eléctricas? No hay que olvidar que Guindos, antes de consejero de Endesa y ministro, fue secretario de Estado de Economía en el último Gobierno de Aznar entre 2002 y 2004. En su caso, la puerta gira y vuelve a girar.
Hay más casos de exministros. Pedro Solbes, primer vicepresidente económico de José Luis Rodríguez Zapatero, es consejero de la italiana Enel, principal accionista de Endesa. El de Enel es el caso paradigmático. Tras ganar la batalla a E.On por Endesa se convirtió en empleadora de dirigentes políticos. Elena Salgado, sucesora de Solbes, fue fichada para otra de las filiales del grupo apenas tres meses después de dejar su puesto en el Gobierno. Otros expolíticos en nómina son Miquel Roca (CiU). El decano es el exvicepresidente con UCD Rodolfo Martín Villa, que llegó a presidir Endesa en 1997 cuando aún era en parte pública.
Otro caso de exministro con sillón en consejo de administración es el de Ángel Acebes. Accedió a Iberdrola tras la llegada de Rodrigo Rato a Caja Madrid (luego Bankia), accionista de la eléctrica. Ha permanecido en su puesto pese a la intervención posterior de Bankia y la dimisión de Rato. Manuel Amigo, antigua mano derecha de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura, también está en nómina de Iberdrola como consejero en su filial de renovables. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pese a su firmeza frente al Gobierno cuando sus decisiones perjudican a los intereses de su empresa, entiende que las relaciones con el poder política han de ser armónicas. En la Comunitat Valenciana, donde la compañía copa más del 80 % del mercado doméstico de electricidad, no ha dudado en mantener excelentes relaciones con sus presidentes autonómicos, que suelen corresponderle con un trato exquisito. Recientemente, Alberto Fabra ejerció de anfitrión y entregó a Sánchez Galán el premio del Consell Valencià de Cultura por la contribución de la eléctrica a proyectos como la rehabilitación de los tapices del Patriarca. La relación también ha sido buena con Eduardo Zaplana, Francisco Camps y, por supuesto, José Luis Olivas, quien al frente de Bancaja se convirtió en aliado de Sánchez Galán en la defensa ante el asalto frustrado a Iberdrola de la ACS de Florentino Pérez. Olivas fue consejero de la eléctrica hasta que abandonó Bankia.
Para algunos de los actores alternativos de la energía, como las asociaciones de empresas de renovables ligadas al subsector fotovoltaico, las grandes compañías (sus intereses y sus recomendaciones) están detrás de las decisiones gubernamentales que desde 2008 han implicado recortes en las primas y subvenciones a las energías limpias. Las grandes del sector culpan a esas ayudas de generar el grueso del déficit de tarifa y el Gobierno socialista primero, y el popular de Rajoy, ahora no han dudado en aplicar duras medidas, incluso con carácter retroactivo, contra la incentivación de plantas fotovoltaicas o eólicas.
La pugna que este mes de diciembre se ha vivido entre el Gobierno y las grandes eléctricas ha sido una excepción. Una crisis matrimonial. Quizás es que la gota de la última subasta iba camino de colmar el vaso de la paciencia del consumidor. Y el Ejecutivo de Rajoy camina por la línea roja en apoyo ciudadano.
