El sector cooperativo agroalimentario está formado por una amplia amalgama de pequeñas entidades. España cuenta con unas 3.500 entidades con más de un millón de socios, cuya facturación ronda los 20.000 millones de euros y proporcionan empleo directo a cerca de 100.000 trabajadores. A pesar de esta larga crisis y de su impacto en el consumo alimentario, las entidades de la llamada economía social mantienen una cierta posición de estabilidad; incluso han mejorado su cifra de ventas y ocupación. Sin embargo, siguen sin resolver una gran asignatura pendiente: la falta de concentración de la oferta. Razones históricas, burocráticas y legales, así como la falta de voluntad de sus gestores han dificultado enormemente este proceso de integración que ahora merma su rentabilidad e impide oportunidades de negocio.
Heredera de una gran tradición sindical agraria desde principios del siglo XX, la Comunitat Valenciana es una de las autonomías con mayor peso de las cooperativas agroalimentarias, aunque su grado de atomización es también de las más elevados. Esto provoca que las firmas no vean rentabilizados sus esfuerzos e inversiones. En la actualidad, ninguna cooperativa española figura entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea, lo que hace necesario impulsar reformas estructurales de calado para conseguir su redimensionamiento. Tenemos muchas cooperativas, pero de escasa dimensión.
En este último lustro el descenso registrado en el número de sociedades ha sido de tan sólo un 4 %, según constatan los datos del Ministerio de Agricultura. La mayor cooperativa europea (Firesland-Campina) factura cerca de 10.000 millones de euros mientras que la española (Coren) apenas supera los 900. Además, la cifra de negocio medio de las entidades es de 5 millones, aunque las diez primeras logran una facturación media de 380 millones. Las cuatro primeras cooperativas de Dinamarca venden más que todas las cooperativas españolas y las 3.000 francesas, consiguen un negocio más cuatro veces la cifra de las españolas.
¿Qué retos debe afrontar el sector? Para el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Eduardo Baamonde, "se están dando pasos para lograr una mayor concentración en el sector, aunque no a la velocidad requerida a pesar de los intentos de las diferentes administraciones públicas". En su opinión, durante los años 2007-2013, período de aplicación de la anterior Política Agraria Común (PAC), se perdió una "oportunidad histórica" para aumentar el tamaño de estas entidades a través de fusiones entre firmas de varias autonomías "como consecuencia del diseño de inversiones puramente locales de los respectivos planes de desarrollo rural", los denominados PDR. De este modo, no se materializaron fusiones entre cooperativas ubicadas en diferentes autonomías, una situación que espera se corrija a partir del nuevo escenario que marca el Gobierno central y la Unión Europa a partir de 2014.
Modelo orientado al mercado
En declaraciones a EL MERCANTIL VALENCIANO, el directivo de la organización profesional de cooperativas espera que la Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario „aprobada por el Congreso en julio de 2013 con el respaldo de la gran mayoría de los grupos políticos del parlamento„ "supondrá un fuerte impulso y avance" hacia un nuevo modelo más eficaz y orientado al mercado. Con la excepción de Navarra, ninguna autonomía ha hecho "demasiado" los deberes en estos últimos años para impulsar las fusiones entre entidades.
"Perdemos oportunidades de crecimiento de ventas en sectores exteriores, donde la actividad agroalimentaria tiene un gran futuro. Las cooperativas „según Baamonde„ necesitan ser competitivas en costes para garantizar buenos precios para sus proveedores. Existen otros modelos empresariales que son muy agresivos con el productor, aunque esa no debe ser la estrategia de las cooperativas, que tienen una visión más a largo plazo y apuesta por el sostenimiento de un sistema que aboga por la defensa del eslabón más débil de la cadena agroalimentaria; es decir, el agricultor". Según Baamonde, quien ha participado en Valencia en unas jornadas organizadas por Cajamar, el cooperativismo valenciano "ha sido una referencia en España", si bien su grado de atomización es muy elevado y tiene un largo recorrido para conseguir entidades de mayor tamaño.
Planes de futuro
Un 30 % de las cooperativas ha orientado ya una cuarta parte de su actividad hacia el exterior, contribuyendo así de manera decisiva a la mejora de la balanza comercial española y a colocarnos como el octavo país exportador agroalimentario en el mundo y cuarto de la Unión Europea. Aunque esa situación resulta insuficiente, sostienen los expertos que han colaborado en el informe El papel del cooperativismo agroalimentario en la economía mundial. Para potenciar este movimiento de concentración, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, considera necesario hacer frente a la "escasa dimensión empresarial y a la falta de organización y concentración de la oferta". Con el plan gubernamental se pretende incrementar en más del 5 % el volumen de producción agraria bajo fórmula asociativa, reducir el número actual de cooperativas, aumentar el número de agricultores integrados, impulsar grandes industrias de índole asociativa e incrementar sus actuales volúmenes de comercialización y el valor de sus ventas.
En busca de fusiones, la Generalitat también ha reiterado en este último año su apoyo específico a estas entidades asociativas. Con la legislación hasta ahora vigente era difícil alcanzar una fusión entre cooperativas de distintas comunidades y totalmente imposible llegar a una única entidad que integrara a todo un sector nacional. Este programa del Gobierno tendrá su continuidad en un nuevo Plan Estatal para los años 2015-2020, coordinado con el Programa Nacional de Desarrollo Rural, que incluirá una medida específica destinada a promover la integración de entidades asociativas y dotado con 506 millones de euros.
Sin duda, el Gobierno forzará la fusión entre las más de 350 cooperativas agrarias de la C. Valenciana. Estas sociedades facturan unos 1.700 millones de euros, emplean a 23.223 trabajadores y cuentan con 326.000 socios, unas cifras importantes aunque alejadas del nivel que de los grandes productores de alimentos europeos. Quedan aún muy lejos de las grandes industrias agroalimentarias con presencia en España (Nestlé, Ebro Foods, Campofrío, Danone y Pescanova), así como sus principales clientes, gigantes de la distribución comercial como Mercadona, Carrefour, Eroski, Alcampo y El Corte Inglés, entre otros.
