Sagunt dará su luz verde a los planes de Lafarge para desplazar su actividad extractiva a una nueva cantera de 258,58 hectáreas (2,6 millones de metros cuadrados) en la zona de las montañas de Hostalera, Fontanelles y Capellades, a poco más de un kilómetro de la urbanización del Pere Gil. Después de recibir el pasado viernes la solicitud de la cementera y al amparo del polémico convenio firmado hace un par de años, el ayuntamiento ha agilizado la tramitación para llevar este asunto al pleno del martes, cuando previsiblemente y tras el posicionamiento de ayer en la comisión de Urbanismo recibirá el visto bueno del PP desde el gobierno, así como del PSPV e IP.
Según el informe del departamento técnico municipal, la mayoría de este terreno está clasificado como no urbanizable protegido y es propiedad del consistorio. El concejal de Urbanismo, Paco Villar, que anuncia la convocatoria de una comisión extraordinaria antes del pleno para ampliar la información, apunta que «este paso, que es el primero de los cinco que se deben dar en la tramitación, está contemplado en el convenio y lo venimos trabajando desde hace años». Concretamente, según el popular, cuando se constituyó una mesa técnica para compatibilizar la protección de la montaña de Romeu donde se localiza la actual explotación con el mantenimiento de los puestos de trabajo en la multinacional.
Otra cuestión que apunta el edil es que «todos los detalles del proyecto tendrán que concretarse a medida que el procedimiento se desarrolle en la Conselleria de Urbanismo y después el ayuntamiento deberá hacer otro pronunciamiento antes de que la Generalitat diga la última palabra».
Desde Lafarge, mientras, el director de la planta en Sagunt, Miguel Ángel Urbano, precisa que «la propuesta que hemos presentado es exactamente la misma que se recoge en el convenio de 2013 y este no es más que un pequeño paso dentro del cambio de calificación urbanística», al que luego seguirán otros hasta el punto de que «pueden pasar unos 12 años hasta que se empiece la actividad extractiva de material calcáreo en esta zona». Sobre la distancia de 1,2 kilómetros al Pere Gil, Urbano asegura que «la ley de minas marca una franja mínima de 500 metros».
Cauce simplificado
Otra cuestión que se apunta en el informe municipal se refiere a la herramienta urbanística empleada por Lafarge para esta tramitación, que es la evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada. Aunque el ayuntamiento vuelve a señalar a la Generalitat como la competente para determinar esta cuestión, los técnicos apuntan «la idoneidad» de este cauce para el que la «documentación cumple con los requisitos».
Además de señalar que la propuesta para la nueva cantera no afecta al parque natural de la Sierra de Espadán ni a la Dehesa de Soneja, el informe si refleja que parte de la zona elegida está incluida en el paisaje de relevancia regional que queda contemplado en el plan de acción territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana, que se encuentra en fase de instrucción.
