La delegada de Policía Local del Ayuntamiento de Sagunt, Roser Maestro, ha ordenado por escrito a la Policía Local que no participe en ningún desahucio de viviendas. La edil ha tomado esta determinación en cumplimiento del acuerdo plenario que declaraba a Sagunto como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares.
Maestro ha explicado que «tras aprobar el pleno que Sagunto sea una ciudad libre de desahucios, uno de los requisitos que se solicitaba es que la actuación de la Policía Local no tuviera nada que ver con la ejecución forzosa que suponía despojar a la persona de la vivienda. A pesar de que el anterior concejal de Policía Local ya había dado la orden verbalmente, para una mayor garantía tanto para los trabajadores de la Policía Local como para las personas que van a ser despojadas de su vivienda, se ha pasado por parte de esta concejalía y por parte del Equipo de Gobierno, una orden expresa y escrita, para que la Policía Local no participe en ningún desahucio a partir de ahora».
La edil ha añadido que «únicamente estamos dando cumplimiento a la iniciativa popular propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Es una iniciativa de la PAH que ha asumido el Equipo de Gobierno para dar garantías a ambas partes. No es una novedad, porque no estaban interviniendo, pero sí que es dar una garantía y seguridad tanto a un nivel como a otro y esperemos que este cumplimiento se pueda hacer efectivo a muchos más municipios. Es un logro de la PAH y un reconocimiento a su trabajo»
El Pleno Extraordinario celebrado el pasado 16 de julio, aprobó por unanimidad la propuesta de la PAH que declaraba a Sagunto ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia. El texto incluía un protocolo de actuación ante posibles desalojos que también incluía la propuesta de la PAH.
Entre las medidas, que se aprobaron, se encuentra la solicitud al gobierno del Estado para que, mediante un decreto ley, dictado con carácter de urgencia, deje en suspenso y ordene revisar todos los desalojos en ejecución derivados de la ley hipotecaria. También se pretende solicitar a las entidades financieras la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procesos en curso; la constitución de un grupo de Trabajo Social Anti-desahucios o la negociación con las entidades financieras para ofrecer las viviendas vacías en alquiler social asequible. Sin embargo, se desestimó dejar de trabajar con las entidades que ejecuten los desahucios.
