Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de El Camp de Morvedre trasladaron esta semana a la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, una serie de exigencias entre la que destaca la conveniencia del que las familias beneficiarias puedan arreglar los pisos que requieran una reparación mínima para su uso social.
Además de pedir un censo de los pisos vacíos en la comarca, el colectivo solicitó un protocolo de tutorización y control de estas actuaciones, así como una comunicación rápida y fluida entre las administraciones para agilizar las soluciones de este tipo.
En una reunión a la que también acudieron responsables de los servicios sociales municipales, la PAH tuvo la sensación de que Marín «se sintió obligada a recibirnos» e hizo «constantes referencias a la herencia recibida», aunque también destaca el «diálogo real» que se ha abierto con el cambio de signo político tanto en los ayuntamientos como en la Generalitat.
Entre las exigencias de la PAH a la directora general de la EIGE también se encontraba la solicitud de que la plataforma sea «reconocida como interlocutora válida en los casos que nos lleguen, dejando claro que no estamos para solucionarlos, sino que seamos un instrumento más de comunicación para visibilizar los problemas».
Además, el colectivo antidesahucios de El Camp de Morvedre reclamó la revisión del control y baremo a la hora de aceptar o no una solicitud de vivienda social, dado que «estos no se corresponden con la actual situación de crisis social que se está viviendo». Además y en respuesta al compromiso de la consellera de Vivienda, María José Salvador, la PAH reclama la paralización de todos los desahucios en vivienda social y la supervisión de los casos, pero no sólo hacia la familia, sino también hacia Servicios Sociales.
También solicitó el colectivo comarcal que el EIGE «tenga en cuenta la situación particular de cada familia a la hora de pedirles la documentación pertinente, dado que los plazos para entrega de dicha documentación dista mucho de lo que tarda en conseguirse». La PAH también pide «la confección de un mapa de proximidad por la lejanía de ciertas poblaciones de un PROP, un ayuntamiento o unos servicios sociales, sin hablar del mismo EIGE».
Otro de los aspectos en los que quisieron incidir los portavoces de la plataforma en la reunió con Blanca Marín fueron los «vicios» adquiridos por los trabajadores del EIGE, como respuestas humillantes o tratos vejatorios hacia las familias. El estudio o la creación de un protocolo de actuación ante los casos de familias que no quieren pagar por norma o ante los beneficiarios que produzcan desperfectos en viviendas que no son suyas fue otra de las reclamaciones, como la exigencia al EIGE de comenzar lo antes posible a trabajar juntos para aligerar los casos de solicitud de vivienda, reunificación y facilidad de pago de deudas, «estancados en el tiempo».
Devolución de viviendas sociales
Por último, la PAH solicitó la creación de un censo de vivienda que «antes era social y ahora está en manos de entidades financieras, así como una explicación de porqué esto ha llegado a ocurrir y la reunión urgente con dichas entidades para que devuelvan esas viviendas, la mayoría vacía, a su uso social».
