La fundación desmantelada por la Guardia Civil por presunta explotación laboral de condenados a servicios para la comunidad dejó de colaborar hace años con el Ayuntamiento de Gilet. Las desavenencias que surgieron con una empresa vinculada a ella por los impagos en la gestión del fallido «Parque de Ocio» precipitaron también la ruptura del convenio con la Fundación Vecinal Blasco Ibáñez, según ha confirmado a Levante-EMV el exalcalde, Juan Carlos Vera (PP).
Esto no ha impedido que el ayuntamiento haya seguido abierto a que condenados a servicios para la comunidad realicen estas tareas en Gilet, si así lo solicitan individualmente. De hecho, este mismo año ha habido varios casos «remitidos directamente desde la Ciudad de la Justicia», según fuentes municipales pues, como resaltaba el alcalde Salva Costa (PSPV), «se hace lo mismo pero sin intermediarios».
Desde el consistorio se reconocía, no obstante, que la cifra de personas en esa situación ha caído notablemente desde que la fundación dejó de tener un convenio vigente con el consistorio. «De periodos en los que coincidieron hasta una decena de empleados, se pasó a tener unos pocos a la vez, nada comparable», decían desde el PSPV local.
De hecho, el PSPV local criticó al anterior equipo de gobierno por estar dejando de crear numerosos puestos de trabajo desde el ayuntamiento al encargar a estas personas tareas que antes se cubrían con contratos temporales. «Los veías de barrenderos, haciendo de albañiles, trabajos agrícolas... Ellos siempre se justificaban en que no costaban nada, pero encomendándoles este tipo de tareas quitaban empleo», decían los socialistas.
«Se respetó la legalidad»
El exalcalde de Gilet, Juan Carlos Vera, defendió ayer que el consistorio «siempre cumplió la legislación» en relación a este asunto. «Aquí el cumplimiento de penas se hizo respetando la legislación vigente, sin hacer más horas que las estipuladas» y «tras renovar nosotros un convenio que firmó la anterior corporación».
El popular también justificó la concesión «a dedo» que hizo en diciembre de 2012 a una entidad vinculada a la fundación desmantelada por la Guardia Civil por la supuesta explotación laboral a personas condenadas a servicios para la comunidad. A preguntas de este diario, el popular se justificó en que se trataba de una entidad «sin ánimo de lucro, en teoría» y por ello, se pensó en ella para gestionar el luego fallido parque de ocio. No obstante, precisaba que «todo cambió al ver que incumplían las condiciones del acuerdo, no nos pagaban el dinero prometido, y por ello lo rescindimos», decía.
También recalcó que el consistorio «intentó cobrar» las cifras comprometidas por la entidad de 12.000 € anuales pero, según reconocía, no consiguió «absolutamente nada, pues ni desde la fundación, ni desde la empresa concesionaria respondían a nada».
Vera cree a Ortí
El exalcalde reiteró ayer su convencimiento de que la detención del exedil Salvador Ortí en esa trama por supuesta explotación a condenados a servicios para la comunidad «nada tiene que ver con el ayuntamiento» Así, recordó que Ortí «está en libertad» y, en declaraciones a este diario, relacionó su implicación en una donación que hizo desde una empresa suya en Alboraya. Según Vera: «la Guardia Civil lleva un año investigando y a mí ni siquiera me han llamado a declarar, debe ser porque no hay nada relacionado con el consistorio». Por último, apoyó que se vaya a abrir una comisión de investigación municipal sobre estos temas «porque no hay nada que ocultar» y adelantó que el PP lo apoyará hoy.
