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Morvedre tiene 10 días para definir las obras que sufragará la diputación con 3,3 millones

Los ayuntamientos deberán adjudicar las actuaciones en los próximos tres meses e instalar carteles informativos

La Diputación de Valencia ha mandado deberes a los ayuntamientos de El Camp de Morvedre, cuando apenas se agota el primer verano del nuevo mandato. Y es que, rememorando los planes contra la crisis puestos en marcha hace unos años por las administraciones estatal y autonómica, la institución provincial ha dado 10 días de margen a los consistorios desde hoy mismo para definir las actuaciones a las que tienen intención de destinar estas ayudas.

De esta forma, los gobiernos locales se han puesto en marcha para concretar sus obras. En Sagunt, las primeras ideas se refieren a la ampliación y adecuación de la Domus Baebia, que permita su apertura al público en general y no únicamente a los estudiantes como ocurre ahora, o la rehabilitación de uno de los chalés de la Gerencia. «No tenemos pensada ninguna gran obra», mientras que el destino de la mayoría de los 2,3 millones será para inversiones «en patrimonio y turismo», según adelantan desde el tripartito.

En Canet d'En Berenguer, mientras, el ayuntamiento tiene entre sus inversiones pendientes tanto la ampliación de la red de pluviales en zonas con problemas como la adecuación de la antigua guardería como nuevo edificio administrativo, aunque fuentes municipales reconocen que tienen que estudiar si se ajustarían a los requisitos de la diputación.

Con la obligación de mandar las memorias valoradas de todos los proyectos antes del 24 de septiembre, el siguiente plazo de esta convocatoria de ayudas para inversiones financieramente sostenibles es el 10 de diciembre, cuando las obras deberán estar adjudicadas, mientras que a finales de año tienen que estar ejecutadas. En este último caso se ofrece «excepcionalmente» una prórroga hasta finales del próximo ejercicio. Otra particularidad de esta convocatoria de ayudas es que pueden incluirse obras cuya adjudicación fue posterior al 1 de enero de 2015.

Además de establecer una serie de requisitos económicos, soslayables con la aprobación de un plan de ajuste, la diputación también emula al Estado y la Generalitat al obligar a la colocación de carteles anunciadores, que se ampliarán con folletos informativos para las obras de 200.000 euros y anuncio explicativo de la inversión en «al menos un periódico» para las que superen los 350.000 euros.

Otra de las obligaciones impuesta a los ayuntamientos, bajo la amenaza de no abonar las últimas certificaciones de obra, se refiere a la actualización de la encuesta de infraestructura y equipamientos locales.

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