La protesta de los trabajadores despedidos de la empresa saguntina Bosal volvió ayer a Valencia, pero esta vez tras una marcha reivindicativa a pie que partió de la misma factoría. Un centenar de operarios, junto al alcalde Quico Fernández y otros ediles de Compromís, ADN Morvedre y PP, recorrieron 27 kilómetros desde las 3 de la madrugada en acción que arrancó varios compromisos de la Generalitat y que Fernández apremió a ejecutar.
Aunque en parte decepcionada por no poder reunirse con el President de la Generalitat, Ximo Puig por problemas de agenda, la comitiva logró la promesa de que sus reivindicaciones se trasladarán a Europa y al Senado, pero también volverán al Congreso y a las Cortes Valencianas. Y en todos los casos, con demandas claras: Un plan social para los despedidos de Bosal, medidas para la reindustrialización de El Camp de Morvedre y las consignaciones presupuestarias necesarias para ello, tanto en las cuentas de estatales como las de la Generalitat o de fondos europeos.
Así se lo aseguraron la directora general de Empleo, Rocio Briones, y Arcadi España, el jefe de Gabinete del President de la Generalitat, Ximo Puig, en una reunión que el presidente del comité de empresa de Bosal, Antonio González, consideró «fructífera».
No obstante, el alcalde insistió tras el encuentro en que «es el momento de los hechos» como también apuntó González pues, como señaló este último, algunos de los 220 trabajadores llevan consumida casi la mitad del periodo de paro. Según aseguró en declaraciones a este diario el nacionalista Quico Fernández: «PP, PSPV y Compromís y el resto de partidos deben cumplir ya las promesas que hicieron en la campaña, aprobando y dotando un plan social para Bosal y de reindustrialización de El Camp de Morvedre».
Fernández insistió en que el PP «es el primero que va a tener que demostrar en el Senado todo el apoyo que prometió» porque, según apuntó, «allí tiene mayoría y antes del viernes se presentará una enmienda en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado para exigir una dotación para un plan de reindustrialización en la comarca y reinvindicando un plan social para Bosal. Por tanto, ahí se verá si el exalcalde Alfredo Castelló, Jorge Bellver y Sergio Muniesa lo apoyan, como dicen».
El alcalde también apuntó que la diputada nacionalista y concejala de Hacienda de Sagunt Teresa Garcia «insistirá en que las Cortes Valencianas creen una partida presupuestaria en sus cuentas de 2016 para estos dos fines y no sólo se queden en un pronunciamiento de apoyo». Además, aseguró que el gobierno local «trasladará» esa misma demanda a la Conselleria de Economía presidida por Rafa Climent y lo mismo hará a la Unión Europea, «a través de los representantes» pues, según dijo «es necesario captar fondos y subvenciones a ese nivel».
La directora general de Empleo, Rocío Briones, aseguró luego en declaraciones a la agencia Efe «voluntad y compromiso político» que el Consell ha tenido «desde el principio con los trabajadores de esta empresa, con los que se ha reunido incluso antes de acceder al Gobierno de la Generalitat. Ahora en el gobierno podemos poner a su disposición acciones políticas concretas», ha señalado Briones, quien ha indicado que también estudian la posibilidad de acudir al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). También ha indicado que la próxima semana celebrarán otra reunión para diseñar una estrategia de urgencia que permita dar salida a los grupos más vulnerables de la comarca afectada por el cierre de Bosal.
