El Ayuntamiento de Sagunt deberá indemnizar con casi cinco millones de euros a los propietarios del solar de 12.500 m2 situado cerca de la playa del Port, concretamente detrás de Ciudadmar. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo a través de una «grave» sentencia, según la calificó el alcalde, Quico Fernández, quien recordó que en 2006, cuando era concejal de Urbanismo, acordó con los dueños de este terreno una solución «a coste cero» que implicaba la adquisición de los terrenos a cambio de otorgarles edificabilidad en una parte.
Sin embargo, el cambio de gobierno con la irrupción del PP a la alcaldía frenó esa solución, que el ayuntamiento dejó caducar en 2010, y abrió otras vías que no convencieron a los propietarios hasta el punto de presentar una demanda que en primera instancia dio la razón a las tesis municipales, pero ahora ha acabado condenando al consistorio a abonar los 3,8 millones que fijó en su momento el jurado provincial de expropiación, a los que hay que sumar los intereses de demora.
Esta última sentencia, de la que hoy se dará cuenta a la oposición, no es recurrible de forma ordinaria, según avanzó el alcalde, quien reveló que los servicios jurídicos dan «pocas opciones de prosperar» a las escasas vías abiertas, que pasan por presentar un incidente de nulidad o un recurso de amparo. De esta forma, el gobierno municipal tiene previsto incluir este pago en los presupuestos del próximo año, aunque su dotación económica deberá proceder, según reconoció Fernández, de un préstamo, ya que «no tenemos recursos propios, debido a que el anterior gobierno agotó el dinero disponible en la partida de patrimonio municipal de suelo, que se solía utilizar para este tipo de cosas».
Los dueños pedían 46 millones
El nacionalista admitió el problema que genera esta expropiación, que tiene «un coste elevado en términos absolutos, pero podría haber sido mucho peor». Y es que en el inicio del proceso, del que se encargó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, la valoración pericial que se dio a estos terrenos alcanzó los 23 millones de euros, mientras que los propietarios pidieron en un principio casi 46 millones y el ayuntamiento los valoró en 1,6 millones.
«El desastre pudo ser mayúsculo», aseguró el alcalde, quien añadió que «todos nos podemos equivocar, pero este caso se trata de una actitud deliberadamente irresponsable, que ahora obliga al ayuntamiento a pagar por algo que no hubiera costado nada». En este línea, Fernández asegura que «el PP e IP pusieron en una situación inasumible de riesgo al consistorio y, visto el resultado, deberían adoptar, ahora mismo, la decisión de abandonar el ayuntamiento».
Esta postura coincide con la expresada también ayer por Guillermo Sampedro (EU), quien acompañó al alcalde en su comparecencia para dar los detalles de la sentencia. «Se trata de una mala gestión con mala fe, no sabemos con que intereses. Si el Supremo hubiera tenido en cuenta la valoración que hizo el TSJ de 23 millones, a los que se hubiera tenido que sumar los intereses, el ayuntamiento habría quedado en una situación de quiebra, sin posibilidad de hacer inversiones ni prestar servicios, así que el PP deberá dar explicaciones».
El alcalde abundó en que «esta es parte de la herencia recibida y de la serie de nefastas gestiones, en la que también se incluye la plaza Ángel Perales», que se resolvió con una indemnización millonaria a los antiguos propietarios.
Argumentos judiciales
Sobre las resoluciones tan dispares dictaminadas por el TSJ y el Supremo, en el primer caso se estimó que el ayuntamiento, gobernado ya por el PP, había retomado la solución iniciada en 2006 por el tripartito (PSPV, EU y Bloc), así que no había lugar a la expropiación. El alto tribunal, sin embargo, considera «incongruente» esta interpretación, ya que la primera modificación caducó en 2010 y no fue hasta dos años después, cuando ya se había solicitado la expropiación por parte de los propietarios, cuando el gobierno local retomó el expediente.
Como mal menor, el Supremo descarta valorar la parcela en 46 o 23 millones, como habían considerado los propietarios y el TSJ, al dar validez, por distintos motivos, al justiprecio fijado por el jurado provincial de expropiación.
Fernández también aclaró que el pago de esta compensación permitirá al ayuntamiento ser propietario del 75 % de la parcela, que es el porcentaje de la propiedad que tienen los dueños que recurrieron a la justicia. Esto supone que los 10.500 m2 de suelo dotacional pasarán a ser un bien patrimonial del ayuntamiento destinado «probablemente» a una zona verde, mientras que, de los 15.000 m2/t de edificabilidad contempladas tras la modificación urbanística impulsada por el PP, cerca de 12.000 pasarán a ser municipales.
