La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al ayuntamiento a abonar 3,8 millones de euros más intereses para adquirir el 75 % de la parcela de 12.500 m2 situada detrás de Ciudadmar ha sido interpretada por PP e IP de manera menos catastrofista que el alcalde, Quico Fernández, quien acusó a los dos partidos que ahora están en la oposición —especialmente a los populares— de impedir su compra «a coste cero». El exalcalde, Sergio Muniesa, destaca que «dos pronunciamientos judiciales previos nos dieron la razón sobre la ausencia de causa de expropiación, porque el ayuntamiento nunca se quedó quieto a la hora de reconocer el aprovechamiento de los propietarios del solar», mientras que el portavoz segregacionista, Manuel González, considera el fallo «una buena noticia para el ayuntamiento, que se queda con los terrenos a un precio razonable».
El popular pone el acento en que «por las explicaciones de Fernández —que llegó a pedir la dimisión de los responsables del PP e IP— parece que nosotros estábamos locos por actuar como lo hicimos, pero dos sentencias avalaron nuestras tesis». Muniesa también hace referencia al precio que tendrán que abonar las arcas municipales, que «gracias a nuestra gestión se ha quedado muy lejos de los 46 millones que pedían los dueños y de los más de 20 millones que valoró el perito judicial», argumentos a los que añade que «hay que aclarar qué se paga a cambio de la adquisición de patrimonio, concretamente 12.000 m2/t cerca de la playa, y una gran zona verde que permitirá esponjar la zona. En casos como la plaza de la Morería —apunta Muniesa— el ayuntamiento tuvo que abonar más de 4 millones sin obtener nada a cambio».
González, por su parte, señala que la calificación como dotacional escolar de esta parcela privada fue «un error histórico del PGOU, que cualquier gobierno local desde 1992 podría haber solucionado con su expropiación, así que echarnos la culpa es una cacicada más del alcalde». El portavoz de IP añade que «nosotros siempre hemos estado en contra de que se edifique en este terreno, porque, según los planes aprobados, se añadirían más de 350 viviendas, con cerca de 750 personas y medio centenar de coches a una zona ya masificada, especialmente en verano».
Reunión con los vecinos
Además de adelantar que su partido organizará próximamente una reunión con los vecinos de la zona para preguntarles por sus preferencias, González recuerda que «cuando caducó la modificación para adquirir los terrenos a cambio de edificabilidad ya no estábamos en el gobierno y tampoco cuando los propietarios iniciaron los trámites de la expropiación». El segregacionista también apunta que «el precio resultante no es exagerado y Quico Fernández estará de acuerdo. Además —añade— el ayuntamiento tiene capacidad de endeudamiento para comprarlos y adquiere el control del futuro del solar».
Mientras, el portavoz socialista en Sagunt, Francisco Crispín, lamenta que el bipartito PP-IP «hiciera experimentos con cava en lugar de con gaseosa, lo que ahora nos cuesta cinco millones».
