Las posturas del ayuntamiento de Sagunt y la empresa Lafarge sobre el futuro de la cantera del Salt del Llop siguen enrocadas sin visos de encontrar una solución consensuada a corto plazo.
El alcalde, Quico Fernández, aseguró ayer en un comunicado que en la última reunión mantenida entre representantes y técnicos de la empresa y del consistorio, «quedó manifestado, por ambas partes, que el actual perímetro de explotación sería suficiente para poder continuar las extracciones 30 años más. Es decir, que sin necesidad de tocar un solo árbol, la empresa podría funcionar hasta el límite legal de la concesión de un espacio público». Sin embargo, el director de la fábrica en Sagunt, Miguel Ángel Urbano, negó luego tales afirmaciones a Levante-EMV insistiendo en que «a la cantera del Salt del Llop le quedan entre 10 y 14 años y abrir una nueva cantera cuesta 10 años con los trámites iniciados, que no es nuestro caso; por lo tanto, hay una situación de urgencia que pasa por resolver el primer expediente, el de ocupación de monte público y que finaliza en 2017».
Urbano dejaba claro con sus declaraciones que es necesario ampliar la cantera para garantizar su continuidad y que esto pasa por prorrogar o renovar la concesión.
A este respecto, el alcalde apuntaba que «no estamos ante un conflicto político, sino de un problema de legalidad, tal y como dejó patente la sentencia que declaraba válida la derogación municipal y autonómica al proyecto de ampliación». A esto añade que «es la legislación actual la que no permite la actividad extractiva en el monte de utilidad pública. Además, supondría la destrucción del bosque más importante y cercano del municipio. Sin olvidar la grave afectación a los vecinos y vecinas de la zona colindante».
Fernández insistía en que el equipo de gobierno está centrado en buscar fórmulas que respeten el espacio natural protegido, los intereses de los vecinos de Romeu, Tres Barrancs y Bonilles y la continuidad de la empresa en la ciudad, pero que «son los intereses no confesados de la multinacional francesa los que están impidiendo una solución consensuada y ajustada a la legislación».
A este respecto, Urbano respondía que el «único interés que tiene la empresa es la de continuar con la explotación y no hay más».
En esa misma reunión, los representantes municipales también informaron a la multinacional de la imposibilidad de ampliar la zona de las margas, según el alcalde, «porque esta ampliación supondría, además de no respetar el actual marco legal de protección forestal, un grave perjuicio a los vecinos de la zona y la ciudad en su conjunto».
Ante esta coyuntura, el ayuntamiento plantea dos alternativas: La primera es «buscar una cantera en un lugar compatible con la ley, fuera o dentro del término municipal y la segunda, profundizar la explotación dentro del perímetro actual», dejó claro el primer edil.
«Presión» de los trabajadores
El alcalde también se ha referido a la «presión de los trabajadores» que califica de «legítima, pero mal enfocada» y les recuerda que «la continuidad de la empresa y la garantía de sus puestos de trabajo pasa por buscar alternativas que respetan la ley y no para forzar soluciones al margen de la misma. En el plano político y personal entiendo y respeto su actitud y les pido exactamente lo mismo». A esto añade que «mi obligación es cumplir la ley y defender el interés general, es decir, el que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas, y tomar decisiones responsables».
Urbano defendía a los trabajadores y justificaba alguna de sus actitudes en el «miedo que tienen a perder sus puestos de trabajo porque saben que sin piedra no hay fábrica», terminaba.
