La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, estuvo ayer en Sagunt para reunirse con miembros del comité de empresa de Bosal, ante quienes reiteró su compromiso de exigir al President de la Generalitat, Ximo Puig, la inclusión en los próximos presupuestos autonómicos de una partida destinada al desarrollo del plan de reindustrialización de El Camp de Morvedre.

La exconsellera se comprometió a respaldar que esta reserva se prolongue durante los próximos años con el objetivo también de dotar económicamente un plan social para los 222 empleados de la fábrica de tubos de escape en Sagunt. Bonig, que recordó el apoyo de Mariano Rajoy para que el Senado aprobara una enmienda a los presupuestos del Estado con el objetivo de dotar de un millón de euros el plan de reindustrialización, aseguró que «vamos a estar muy pendientes de esta cuestión y, si Ximo Puig no atiende esta petición, presentaremos una enmienda para que se contemple esta partida, necesaria para dinamizar la comarca y generar puestos de trabajo».

La popular añadió que el Consell «dispone de instrumentos para dar una solución a este colectivo y al conjunto de la comarca», por lo que pidió que «trabaje, que estudie las fórmulas necesarias, por ejemplo vía el Servef para la llegada de fondos europeos para formación y recolocación, y nosotros estaremos vigilantes para que esos fondos beneficien realmente a los trabajadores».

Al encuentro asistieron, entre otros, la secretaria comarcal de CC OO, Begoña Cortijo, y el portavoz del PP en Sagunt, Sergio Muniesa, quien destacó que «el ayuntamiento, por unanimidad, aprobó en el último pleno una propuesta con la aportación de todos los grupos para que los presupuestos de la Generalitat para el próximo año incluyan una partida de 3 millones de euros para el plan social de Bosal con una dotación económica. La administración autonómica —recordó—es la competente en esta materia, e independientemente de cuantas acciones podamos llevar a cabo, debe ser la que se implique de una manera activa con los trabajadores».

Muniesa insistió en que «en este conflicto se debe tener el respaldo del presidente de la Generalitat para que los empleados puedan beneficiarse de los fondos europeos, ya que es la administración autonómica la que debe encabezar esta petición que están reclamando, al ser la competente, con independencia del desarrollo del plan social».