La propuesta socialista para modificar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de Sagunt fue la que finalmente se impuso, aunque fue necesario retrasar el comienzo del pleno extraordinario para alcanzar este acuerdo en la comisión convocada unos minutos antes.
Con los votos favorables del tripartito (Compromís, EU y ADN Morvedre) y el PSPV, así como el rechazo del resto de la oposición e informes contrarios tanto de secretaría como de intervención, la nueva ordenanza que entrará en vigor el 1 de enero contempla una ligera rebaja en el IBI para las viviendas y pequeñas empresas, que la concejala de Hacienda, Teresa Garcia, calculó en una media de 3 euros por recibo. También incluirá la subida del 20 % en la contribución de los comercios y empresas más grandes, lo que supondrá un incremento anual entre 2.500 y 5.500 euros, respectivamente, así como la rebaja de cerca de un 10% del IBI rústico.
La nacionalista resumió que con esta medida «ayudamos a las familias que tienen más dificultades y las actividades económicas con más facturación colaboran en el bienestar de la ciudadanía». Garcia reconoció que, al recortarse a la mitad su propuesta de subida a las grandes superficies, «el impacto financiero es negativo en 56.000 euros y habrá que compensarlo en las tasas».
Además de agradecer la aportación socialista y acusar a los segregacionistas de hacer «demagogia» con su denuncia del mayor IBI que se paga en el Port, la responsable de Hacienda censuró al PP por «querer confundir» y «crear alarma con exageraciones sobre el efecto disuasorio de esta medida». También desde el gobierno local, Pablo Abelleira (ADN) destacó de esta modificación que «es justa desde un punto de vista social, ya que rebaja los impuestos a quienes no obtienen beneficios de sus inmuebles, un descenso que se equilibra a través de las grandes empresas».
Legalidad de la propuesta
El aliado ayer del tripartito desde la oposición, el PSPV, destacó a través de su portavoz, Francisco Crispín, que «se ha demostrado que nuestra propuesta no es ilegal —como se dijo en el anterior pleno por su impacto financieramente negativo— y solo requería un esfuerzo en busca de consenso».
Desde el resto de la oposición, Sergio Muniesa censuró que «la progresividad que se pregona desde el gobierno local no se puede basar en bajar los impuestos a unos para subírselos a otros. Eso es como hacer trampas al solitario». Además de recordar el rechazo mostrado desde las grandes empresas a través de una queja escrita remitida al ayuntamiento, el portavoz del PP lamentó que su propuesta de mantener los niveles de ingresos por este impuesto «podría tener un impacto negativo, pero peor va a ser la publicidad derivada de la temeraria y disparatada subida aprobada».
Desde IP se insistió en las desigualdades en el pago del IBI entre Sagunt y el Port, que «esperamos que se corrijan en la próxima revisión catastral», según Manuel González. En cuanto al incremento impositivo a las empresas «es un abuso y una injusticia que afecta a compañías en problemas como Tumesa, Ferrodisa o Spontex. Lo que está claro es que esta medida no ayuda a la reindustrialización», dijo.
