El Tribunal Supremo no ha librado al Ayuntamiento de Sagunt de abonar cerca de 882.000 euros más los intereses desde abril de 2010 por la expropiación al Colegio Mayor Universitario La Alameda de Valencia de una parcela de 1.900 m2 en Bajo Vías. Este nuevo revés judicial pone fin a varios años de litigios, que se abrieron con la disconformidad de ambas partes con la valoración del jurado provincial.
Este tribunal fijó el justiprecio en algo menos de 700.000 euros, por los poco más de 100.000 que ofrecía el ayuntamiento y el millón de euros que reclamaba la propiedad, un centro adscrito a la Universitat de València y vinculado al Opus Dei. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, como ya informó en su día Levante-EMV, tuvo en cuenta la valoración del jurado de expropiación, aunque la modificó al alza por atender los argumentos del colegio mayor sobre los gastos de construcción.
En cuanto a las alegaciones municipales en esa primera instancia, todas se rechazaron, desde que el precio de mercado se rebajara de los 1.586 ?/m2 a los 1.097 ?/m2 hasta que el beneficio industrial se limitará al 10 % por el 20 % dictaminado, pasando porque la superficie expropiada se extendía por 1.824 m2 y no 1.900, como quedó acreditado por la documentación catastral.
Esta sentencia del TSJ, que se remonta a noviembre de 2013, fue recurrida por los servicios jurídicos municipales, que entre sus argumentos denunciaban la indefensión por no admitirse la declaración del tres técnicos del ayuntamiento que se habían encargado de valorar los terrenos en poco más de 100.000 euros. Y es que, según el Supremo, «la imparcialidad de la faceta testifical» de estos trabajadores «quedaba desvirtuada». A este respecto, ambas sentencias recuerdan que al ayuntamiento se le ofreció un perito por designación judicial del que desistió.
Otro intento de anular el primer fallo se centraba en la supuesta vulneración de la presunción de legalidad y acierto en la valoración de las pruebas, ya que el justiprecio «es muy superior al de mercado a la vista de la evolución inmobiliaria». El alto tribunal rechaza este motivo al asegurar que «la jurisprudencia de esta sala tercera viene declarando que las cuestiones sobre valoración de la prueba quedan al margen del debate casacional».
La representación jurídica del Ayuntamiento de Sagunt añadió dos argumentos más en su recurso, que se centraban en reclamar la nulidad de la sentencia del TSJ por defectos de forma. En este caso, el Supremo se muestra más severo al sentenciar que «ambos motivos están condenados al fracaso. Ya de entrada, el cuarto está mal planteado. Más bien parece un argumento abstracto del tercero, porque no se expresa detalladamente qué concreta deficiencia formal se reprocha al acuerdo del jurado».
Costas de hasta 8.000 euros
Esta resolución judicial, dictada hace unos días, también condena al consistorio al pago de las costas hasta un máximo de 4.000 euros por cada una de las partes que se opusieron al recurso en el Supremo, que fueron tanto el colegio mayor como la Abogacía del Estado en representación del jurado de expropiación.
