La Conselleria de Cultura ha dado una semana al Ayuntamiento de Sagunt para que elabore un informe sobre el futuro de la Fundación del Patrimonio Industrial de Port de Sagunt, que contemple posibles soluciones a la situación económica que padece.
Aunque «la última palabra la tiene conselleria», explicaba el concejal de Patrimonio, Pablo Abelleira (ADN Morvedre), la opinión de Sagunt será decisiva.
Ésta es una de las cuestiones que se trataron en la reunión mantenida ayer entre el equipo de gobierno de Sagunt y la dirección general de Patrimonio, representada por la propia directora general, Carmen Amoraga y el subdirector, Antonio Bravo.
Tras estudiar el informe de viabilidad sobre la Fundación, elaborado a tenor de los datos facilitados por la propia entidad y el ayuntamiento, las opciones siguen siendo dos; la búsqueda de nuevos patronos que garanticen su financiación o la liquidación de la Fundación mediante su sustitución otro modelo de gestión en manos de la administración local y autonómica , que en la actualidad son los que mayor presupuesto aportan a la entidad.
El informe que debe elaborar el ayuntamiento de Sagunt deberá posicionarse a favor de una de estas dos alternativas con el que la directora general quiere contar en la visita que pretende realizar a Sagunt la próxima semana para conocer in situ los problemas que padece el patrimonio saguntino.
Abelleira ya ha anunciado que el equipo de gobierno no tiene un posicionamiento claro respecto a las posibles alternativas que se manejan por lo que durante esta semana se va a intentar tocar a las puertas de los antiguos patronos, que abandonaron la Fundación hace dos años como es el caso de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y Bancaja, entre otros, para intentar que retornen o arrancar un compromiso de colaboración; además de conocer la capacidad económica de los que todavía se mantienen y buscar otros nuevos.
También estudiarán la disposición de los fondos municipales para esta cuestión que en la actualidad está en 18.000 euros anuales.
El concejal de Patrimonio además anunciaba que para la elaboración de este informe espera contar con la colaboración de las entidades vinculadas con el patrimonio industrial, con el objetivo de que aporten ideas y sugerencias.
En función de los datos que solicitó la Conselleria para conocer la viabilidad de la Fundación, el subdirector de Patrimonio aseguraba que «está en bancarrota», un término que aunque reconocía no se puede atribuir a una Fundación por su carácter social, define de forma clara la coyuntura por la que atraviesa la entidad, con deudas que superan los 60.000 euros, ya que solo en nóminas se adeudan 40.000 euros.
Esta situación, que se lleva arrastrando año y medio, es fruto de la salida de patronos y de la reducción de las aportaciones de la administración autonómica, lo que ha llevado a que la entidad haya visto reducido en más de un 30% su presupuesto, teniendo que mantener su actividad.
De la Fundación depende la gestión del Alto Horno, el Museo Industrial y el archivo de Altos Hornos del mediterráneo, proyectos que pueden verse paralizados si no se le da una solución económica a la entidad o se buscan otras fórmulas para gestionar este patrimonio industrial.
Cabe recordar que de ella depende el proyecto de musealización, cuya puesta en marcha ha sido valorada desde la Fundación en 200.000 euros el primer año.
