El conflicto de Bosal llegará el próximo miércoles a la Dirección General de Empleo en Madrid tras la reunión solicitada por el consistorio, a la que acudirá una representación de la empresa y los agentes sociales. El Ayuntamiento de Sagunt ya acordó pedir en septiembre un plan social en apoyo de los trabajadores de la planta saguntina.
La teniente de alcalde de Sagunt y diputada autonómica por Compromís Teresa Garcia confirmó la cita e insistió en que «es necesario que todas las administraciones siguen implicadas para que los trabajadores víctimas de estas multinacionales sin alma no quedan desamparados».
Los trabajadores de Bosal en Sagunt recibieron el pasado viernes una inyección de moral para mantener su lucha a todos los niveles después de que la factoría cerrara sus puertas a principios de año y dejara en la calle a sus 222 empleados.
El Juzgado número 3 de Mercantil de Valencia, encargado del concurso de acreedores de Bosal España, emitió el auto judicial sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), donde reconoce la improcedencia de los despidos, estableciendo las indemnizaciones máximas permitidas, según el Estatuto de los Trabajadores, para estos supuestos.
Esto ha supuesto multiplicar por tres la cantidad total prevista por la empresa para este fin y pasar de los 5 millones a más de 15 pues en lugar de pagar a todos 20 días por año trabajado, se les reconocen entre 33 y 45, según la antigüedad. Así lo aseguraba a Levante-EMV el presidente del comité de empresa, Antonio González, quien admitía su alegría por esta «primera» victoria judicial «que anima a seguir en la lucha» y a esperar que los Tribunales «sigan» dando la razón a los trabajadores «ante un cierre injustificado» en los diversos procesos que han impulsado de forma paralela.
González reconocía que el auto del juzgado puede recurrirse y que hay que mantener la cautela hasta lograr una resolución firme. «No queremos echar las campanas al vuelo, pero esto nos anima a seguir defendiendo nuestros derechos», añadía.
El auto también da por probada la existencia de grupo laboral con un funcionamiento unitario que condicionaba las actuaciones de Bosal España y que este grupo actúa como una única entidad global. Por ello, desde la Unión Comarcal de CC OO se aclaró que estas indemnizaciones «se harán efectivas cuando podamos demostrar la responsabilidad solidaria del resto del grupo» y advertía que «para eso, habrá que seguir luchando por demostrar la culpabilidad del concurso y la reclamación de estas cantidades al grupo».
Para CC OO, se ha reconocido «la mala praxis que la dirección de Bosal España y del grupo llevaron a cabo con la planta saguntina durante años, despojándola de carga de trabajo hasta hacer inviable el proyecto empresarial».
La edil y diputada autonómica Teresa Garcia calificó el auto como «una buena noticia para los trabajadores de Bosal, pero es necesario continuar reivindicando, primero las obligaciones de la empresa y las ayudas de la Seguridad Social para las prejubilaciones, mientras se aclara la vía para que la empresa haga frente a sus obligaciones»
