El gobierno tripartito de Sagunt se ha acabado sumando a la campaña de donaciones impulsada para recaudar 800 euros y poder reabrir el Horno Alto número 2 tras pagar el seguro de responsabilidad civil durante los próximos 6 meses.
Varios días después de que Iniciativa Porteña anunciara la donación de 400 ? y que buscaría otras aportaciones, los ediles del gobierno de Compromís, ADN Morvedre y EU entregaron 500 euros de su bolsillo para este fin al gerente de la Fundación del Patrimonio que gestiona el monumento, Juan Vicente Beltrán. Tras las críticas lanzadas por partidos y ciudadanos a través de los medios de comunicación o las redes sociales, los socios de gobierno han querido cubrir el primer pago de la deuda del seguro y a los gastos del teléfono, para así reabrir el Horno Alto «de manera inminente y no tener que anular algunas visitas previstas este mes», como aseguró a preguntas de Levante-EMV el alcalde, Quico Fernández.
El primer edil admitió que el gobierno local había decidido sumarse a estos donativos «como muestra de su buena voluntad de resolver esta situación» y «al ver que se estaba manipulando de manera injustificada, cuando el ayuntamiento es el único patrono que ha pagado a la Fundación y lleva meses trabajando en este asunto para dar una solución definitiva, que en ningún caso pasa 500, 800 o 3.000 euros».
En este sentido, insistió en que se trata de un problema «heredado, ya que el resto de miembros de la Fundación, incluyendo la Generalitat gobernada por el PP, no hizo las aportaciones establecidas..., por tanto, nosotros, como equipo de gobierno, no hemos generado esta situación».
Con esta donación, el equipo de gobierno pretende demostrar que «el problema no son los 400 euros del seguro», algo que, según el consistorio, «afirma tanto el equipo de gobierno como el gerente de la Fundación». De hecho, los dos trabajadores de la Fundación no cobran desde abril de 2014 y la entidad acumula una deuda de alrededor de cien mil euros.
El alcalde también asegura que «hemos acordado con la conselleria que convoque una junta de patronos de la Fundación antes de final de año para aclarar su situación, hacer frente a los pagos pendientes a los trabajadores y a resolver definitivamente el problema». En esta línea, ha añadido que «o bien la Fundación continúa si hay miembros suficientes que se comprometan a cumplir con sus obligaciones, o bien se disuelve y de su patrimonio se hace cargo la Generalitat o el ayuntamiento». Fernández se ha mostrado dispuesto a que el consistorio sea el que asuma y gestione el patrimonio de la fundación en caso de que ésta acabe por disolverse y ratifica su «voluntad porque nuestro patrimonio industrial funcione como un elemento principal del patrimonio de nuestra ciudad».
