Tanto el PP como IP reconocieron ayer que el tripartito no tendrá su voto para aprobar el presupuesto de este año. Los populares lo hicieron a través del exalcalde y exdelegado de Hacienda, Sergio Muniesa, quien empezó por señalar el incremento en cerca de 7,5 millones de euros que el gobierno municipal ha previsto para este año en los capítulos de gasto corriente y de personal.
Este incremento, según destacó, se traducirá en «una mayor carga fiscal para los ciudadanos, que tendrán que contribuir con una media de 115 euros más por ciudadano o una pérdida de la competitividad de las empresas». Muniesa insistió que la previsión de ingresos del tripartito «es imaginaria, ciencia ficción. Es como hacer trampas al solitario, lo que supone engañar, mentir y defraudar a los ciudadanos». El portavoz popular aseguró que «esta es una mala política en tiempos de recuperación».
Además de censurar el aumento de liberados en contra de lo que el alcalde, Quico Fernández, mantenía desde la oposición, Muniesa defendió su gestión económica en el ayuntamiento, ya que «en los peores momentos de la crisis, redujimos el gasto superfluo sin despedir a nadie ni prescindir de servicios. Ahora, se plantean más gastos, pero no para generar riqueza».
El exalcalde también aseguró que la propuesta presupuestaria del tripartito «no vale», ya que «no sólo no garantiza la gestión, si no que seguramente generará déficit. Es una barbaridad que no se acomode a la liquidación de los últimos años, que ronda los 59 millones de euros y, lo peor, es que el gasto se consolidará para los próximos ejercicios».
Tampoco a Iniciativa Porteña convence la previsión de cuentas de Compromís, EU y ADN Morvedre. El portavoz segregacionista, Manuel González, critica que su formación haya sido «ignorada» en las negociaciones, lo que supone «una falta de respeto al Puerto, donde fuimos el partido más votado». Aunque se esperaba esta actitud de parte de los nacionalistas, el edil de IP reconoce sentirse «molesto» con los otros dos integrantes del tripartito.
Sobre el fondo del presupuesto, González exige que el gobierno cuente con un máximo de 10 liberados, por los 16 previstos en las cuentas, que «suponen un gasto de 800.000 euros». El segregacionista también reclama la elaboración del catálogo de puestos de trabajo del ayuntamiento, una reivindicación «que el comité de empresa, Compromís y EU siempre han defendido, aunque ahora hayan cambiado de posición».
Sobre las nuevas plazas que se pretenden cubrir, González asegura que «habrá que estar atentos y velar por la transparencia en la selección del personal, pues, tal y como se dijo en el último pleno, algunas plazas parecen destinadas a ser cubiertas por personas muy concretas». La reducción de los ingresos, la apuesta por la descentralización administrativa o la inclusión de inversiones como la recuperación de la casa amarilla y la Casa Noguera, el comedor social o la gerencia son otras reclamaciones segregacionistas.
