La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exsecretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, y a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, a dos años de cárcel por un delito de cohecho.
El tribunal considera probado que García cobró 8.600 euros de Sancho, a cambio de contratar con las empresas de asesoría de este último. El funcionario municipal, ya jubilado, también ha sido condenado. al igual que la exalcaldesa, a abonar sendas multas de 8.060 euros y pagar las costas del juicio.
Por el contrario, los magistrados absuelven a Natividad García y al exsecretario de Canet por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documentos mercantiles y prevaricación, de los que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción, porque «no han quedado acreditadas de forma clara y terminante en el juicio».
También han quedado absueltos el economista Rafael Parra, a quien se acusaba de malversación y falsedad de documentos mercantiles, y la Academia Valenciana de Juristas del delito de cohecho.
Sobre los hechos por los que han sido condenados Natividad García y José Antonio Sancho Sempere, los magistrados de la sección tercera consideran probado que la exalcaldesa cobró las cuatro transferencias realizadas por el exsecretario en respuesta a «gratificaciones por el mantenimiento del asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de la Pobla de Farnals por parte de las empresas» de Sancho Sempere o los trabajos realizados por él mismo.
Ambos acusados alegaron durante el juicio que este dinero fue un préstamo que el exsecretario hizo a la exalcaldesa para que realizara unas obras en su vivienda, pero «no se ha acreditado en modo alguno las obras que tenía que pagar, ni su importe o gasto concreto en que se invirtió el dinero prestado, así como tampoco el estado de falta de liquidez que dijo estar atravesando» la exalcaldesa, Natividad García.
Respecto al resto de delitos, la Audiencia Provincial advierte que Sancho Sempere podría haber cometido «una posible ilegalidad durante dos meses de 2009 por incompatibilidad con el asesoramiento prestado al ayuntamiento y su actividad con funcionario en dos cargos públicos», pero sería «una ilegalidad administrativa, pero no con trascendencia penal acreditada» al igual que «las posibles irregularidades en la facturación, disfunciones o desorganización en la tramitación de las facturas» de los informes.
