Los vecinos de la montaña de Romeu han calificado de «aberración» el anuncio del gobierno de Sagunt de ampliar la actividad extractiva de Lafarge dentro de los límites actuales de la cantera durante diez años más, medida que todavía depende de la concesión de la conselleria de Medio Ambiente para que la cementera pueda seguir ocupando el monte público, expediente que aún debe resolverse.
Ante las declaraciones de la edila de Medio Ambiente en este sentido y la voluntad del tripartito de firmar con la empresa un nuevo convenio donde se establezcan los criterios de extracción, duración de la actividad y restauración de la cantera, los residentes de Romeu van a solicitar una reunión con el gobierno local para mostrarle «nuestro desacuerdo con sus planes. Si la concesión termina el año que viene, lo que hay que hacer es no renovarla y ya está, porque la ley ampara esta posibilidad», comentaba la portavoz de este colectivo vecinal, Elena Azpilicueta.
Los vecinos apuestan porque la empresa busque alternativas de extracción de caliza en otros lugares o ahonde en otro tipo de soluciones para garantizar su viabilidad. «Ella es la que debe garantizar los puestos de trabajo, es su obligación y buscar recursos en otras zonas que aseguren su continuidad, no el ayuntamiento, ni los vecinos», añadía Azpilicueta.
Respecto a la ocupación de monte público, los residentes en la zona creen que el tripartito «está cayendo en el juego político de otros grupos» y que lo que «deben hacer es todo lo que sea posible para que la concesión no se renueve».
A este respecto, esperan que el informe preceptivo del ayuntamiento a este expediente de concesión «sea negativo» y se oponga a que se les renueve el permiso, pedía Azpilicueta.
La portavoz de los vecinos recuerda a la delegada de Medio Ambiente, Teresa Garcia, que ampliar la actividad extractiva va a suponer «prolongar la agonía de decena de familias que vivimos en la zona, que vamos a tener que seguir tragando polvo, soportando las voladuras con temor a que afecten a nuestras casa, como ya ha sucedido, y aguantar molestias diarias de otra índole que impiden que tengamos una calidad de vida, porque hay casas a 20 metros de la cantera».
A esto añadía que, «con estas actitudes, el ayuntamiento está supeditando los intereses de unos vecinos por encima de otros y esto no es justo. El ayuntamiento está para velar por el interés general». Ante estas declaraciones, los vecinos no descartan acciones de protesta y tampoco la via judicial «para defender nuestros derechos y preservar el medio ambiente».
Reunión con los trabajadores
Por otro lado, el comité de empresa de Lafarge, junto con los sindicatos CC OO y UGT, se reunieron con el ayuntamiento, tal y como ya informó Levante-EMV.
En esta cita, los trabajadores consiguieron arrancar del alcalde, Quico Fernández, el compromiso de convocar una junta de portavoces, en la que estuvieran presentes todos, incluidos los trabajadores de la cementera, con el objetivo de darles a conocer el informe técnico-jurídico que han encargado al Bufete Pérez Cordero y Pérez Morales.
El motivo de esa petición es «poder presentar el contenido del dictamen, en primer lugar, a los representantes de todos los grupos políticos que conforman el pleno del Ayuntamiento de Sagunto, ya que este asunto puede tener graves consecuencias para la continuidad de la actividad industrial y por ende de sus puestos de trabajo, además del impacto negativo que podría ocasionar en la muy deteriorada situación económica en la que se encuentra nuestra comarca», recoge el comunicado de los trabajadores.
En el documento, los representantes sindicales tienen claro que su objetivo es «el mantenimiento del empleo», y para ello, exigen, tanto a las administraciones públicas como a la dirección de la empresa, «que hagan todo lo posible para encontrar solución al conflicto de la cantera, ajustándose siempre a las leyes y a la protección del medioambiente, pero sin perder de vista que lo prioritario deberían ser las personas».
Para finalizar, los trabajadores de Lafarge-Holcim en Sagunt han pedido a los representantes municipales que, dentro de sus posibilidades, «hagan todo lo posible por no entorpecer cualquier acción que la multinacional cementera necesite para mantener su actividad, siempre y cuando se ajuste a la legalidad vigente», termina el comunicado.
