El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha acusado a la Generalitat y al propio ayuntamiento y en concreto, al alcalde, de urdir una jugada para impedir la suelta de patos vivos en las cucañas de Port de Sagunt. «Bajo mi criterio, la Generalitat abre el procedimiento sancionador por infracción administrativa muy grave, precisamente para que Quico Fernández pudiera justificar su acción de no autorizar las cucañas»
Para González, «existían antecedentes con resoluciones que favorecieron al ayuntamiento y simplemente con lo acontecido hasta ese momento, el alcalde sabía perfectamente que no existía prevaricación», argumento empleado por Fernández para negar el permiso.
El edil de IP justifica su teoría explicando que fue la propia Generalitat, en cuyo gobierno participa Compromís, la que abrió un procedimiento sancionador, que entró en el ayuntamiento el 7 de agosto. Días antes, Quico Fernández anunció dudas legales sobre el uso de patos vivos en las cucañas. «Ante la respuesta contundente del colectivo de peñas, el equipo de gobierno decide urdir un plan que respalde la decisión de suspender el lanzamiento de patos vivos», defiende González.
Por otro ado, el portavoz de IP sostiene que «la suelta de patos no constituye prevaricación y la autorización es una cuestión política», recordando que la Generalitat exime al ayuntamiento de responsabilidades por las cucañas del año 2012 y que el pasado 13 de enero la conselleria decidió también eximirlo de toda responsabilidad respecto a la comisión de una infracción considerada como muy grave, tipificada en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Equivalencias
En este sentido, González ha explicado que «en la misma resolución de la Dirección General de la Agencia de Seguridad, dependiente de la Presidencia de la Generalitat, se explica que existe equivalencia entre el expediente abierto en el año 2011 y este otro, lo que implica que si por los mismos hechos y razonamientos esgrimidos en su día, se ha eximido al Ayuntamiento de Sagunto, por idénticos motivos no procede una resolución sancionadora en el presente procedimiento».
Ante esta resolución, la asociación ANPBA, «tiene la posibilidad de iniciar un contencioso, pero eso sí, el alcalde no puede utilizar la excusa de la prevaricación porque desde que se aprobó la nueva ley, el consistorio no ha sido sancionado ni hay dictamen que diga que se está incumple la ley».
