El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha obligado al Ayuntamiento de Sagunt a suspender cautelarmente el procedimiento de adjudicación por cuatro años, dos de ellos prorrogables, de los servicios de asesoría y defensa jurídica, cuyo presupuesto supera los 730.000 euros. El motivo de esta paralización es el recurso presentado por un gabinete de abogados como consecuencia de «un defecto de forma» en la tramitación, según apunta el concejal de Contratación, Pepe Gil, que llevó al TARC a paralizar el proceso «como medida provisional».
El edil de Compromís confía en que este asunto se resuelva «en unos días», después de la agilidad mostrada hasta el momento por el tribunal, ya que el 24 de febrero se presentó el recurso en el Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Servef), el TARC se lo comunicó al ayuntamiento el 2 de marzo y, después de que el consistorio remitiera el expediente, el 7 de marzo se decretó la suspensión por deficiencias en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares. El levantamiento de esta medida se producirá cuando el tribunal administrativo resuelva el recurso.
La licitación de este contrato arrancó hace justo un mes con su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, mientras se agotaba la prórroga de la anterior adjudicación, que en abril de 2012 favoreció al despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira.
Siete ofertas en 2012
En aquella ocasión, la mejor oferta económica, presentada por Deloitte con una rebaja del 8,5 %, no se quedó con el contrato, ya que la puntuación del proyecto fue la que decidió el adjudicatario. J&A Garrigues, Noguera Abogados y Asesores, José Luis Lorente Tallada SL, Broseta Abogados y José Antonio Ramos Calabria fueron los otros despachos que pujaron por este contrato, que ascendía a los mismos 151.000 euros anuales, más el impuesto del valor añadido (IVA), que se reservan para la contratación ahora suspendida.
Entre los criterios evaluables en este procedimiento destacan la rebaja del precio, que hace cuatro años acabó siendo de 40.000 euros, así como la disponibilidad de un equipo multidisciplinar con especialistas con más de una década de experiencia en derecho fiscal y financiero, penal, laboral, urbanístico y contencioso administrativo, además de un economista.
Otros factores tenidos en cuenta en la baremación de las ofertas que se presenten cuando el TARC permita la continuación del procedimiento son la disponibilidad de especialistas de la empresa que no figuren adscritos al servicio o la presencia de letrados en las dependencias municipales.
