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Otro punto final a la segregación del Port

El TSJ rechaza el recurso de Iniciativa Porteña contra la denegación al segundo expediente y le condena a pagar las costas

Otro punto final a la segregación del Port

Un revés judicial ha puesto un nuevo punto final a la segregación entre el Port y Sagunt. Esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana el encargado de emitir una sentencia contraria, que Iniciativa Porteña, promotora del proceso y condenada a pagar las costas del proceso, todavía está en plazo de recurrir, aunque no lo decidirá hasta que se reúna su junta directiva.

Hasta entonces, su portavoz municipal, Manuel González, explicaba ayer a Levante-EMV que «nos sentimos indefensos e impotentes por el lamentable uso de las administraciones tanto políticas como judiciales para ultrajar un movimiento local que está cargado de razones».

Y es que lejos del habitual discurso de no compartir pero respetar una sentencia contraria, el concejal de IP añade que el tribunal «se ha pasado por el forro todos nuestros argumentos y ha dictado una sentencia a la carta. La forma de proceder de los gestores políticos y judiciales, corruptos y con evidentes lazos entre ellos en muchos casos, es vergonzosa».

El fallo del TSJ, comunicado ayer mismo a las partes, centra el rechazo a la demanda de IP contra la denegación de la segregación dictada en 2011 por parte de la Generalitat en tres argumentos fundamentales: no alcanzar el apoyo mayoritario de los vecinos del Port, no probar que los dos núcleos están diferenciados territorialmente y no acreditar que ambos serían viables por separado.

González, sin embargo, replica que «presentamos un informe económico del rector de la Universidad de Granada que concluía que Sagunto y el Puerto podrían subsistir de forma independiente y recabamos las firmas con el apoyo a la segregación de la mayoría de gente del Puerto en edad de votar, pero estoy convencido que el tribunal ni se ha molestado en estudiar estos argumentos». El portavoz segregacionista añade sobre esta última sentencia que «el director autonómico de Cohesión Territorial dictaminó sin dar trámite de audiencia a IP, algo ya de por sí suficiente para que la Justicia hubiera devuelto el expediente a la Generalitat. Además, el tribunal permite que se aplique una ley de 2010 a un proceso que se inició en 2007», en referencia al criterio para considerar que dos núcleos son distintos.

Estrangulamiento económico

Pese a estos argumentos, el edil de IP no garantiza que se vaya a presentar un recurso ante el Supremo, ya que «el anterior nos costó 4.400 euros. Es lamentable el intento de estrangularnos económicamente, pero no nos ponemos nerviosos. Sigo teniendo claro que la batalla de la segregación se ganará en el terreno político».

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