Lafarge tiene base legal para iniciar acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Sagunt por «incumplimiento del contrato», en referencia al convenio suscrito en 2009 entre ambas partes. Esa es una de las conclusiones del informe jurídico técnico encargado por los trabajadores al bufete de abogados Pérez Cordero & Pérez Morales y al asesor del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Miguel Uceda Rozas. Así lo ha avanzado el presidente del comité de empresa, Félix Vélez de Guevara, en declaraciones a Levante-EMV.
En este informe, que no ha trascendido hasta su presentación el mes que viene, Vélez asegura que el incumplimiento del convenio, en este caso por una de las partes, puede incurrir en un presunto delito por «daños patrimoniales, daños emergentes y lucro cesante».
Para los trabajadores y a tenor del documento, «el convenio sigue vigente y es totalmente legal», por lo que el consistorio «tiene la obligación de cumplirlo y no lo ha hecho». Un ejemplo, defienden, son las alegaciones municipales en contra del permiso de ocupación de monte público para ampliar la cantera, cuando el convenio recoge lo contrario: «Apoyar y colaborar en la obtención de las autorizaciones administrativas precisas incluyendo las relativas a la obtención de la autorización de la ocupación temporal de montes de utilidad pública, dentro de la más estricta legalidad».
Añaden los trabajadores las trabas que pone la administración local para el posible traslado de la actividad al Piñal, cuando el documento firmado en 2009 compromete al ayuntamiento a «apoyar y colaborar para posibilitar a Lafarge la apertura de una nueva explotación minera en el Piñal como alternativa a la explotación del monte de Romeu que solucione las necesidades de caliza a medio y largo plazo de la empresa». Sobre este punto, Vélez de Guevara matiza que la oposición a este trámite solo queda recogida a modo de declaraciones en prensa y no por escrito.
Ante el informe jurídico, los trabajadores tampoco cierran puertas a iniciar acciones legales contra el ayuntamiento, «siempre que sus decisiones supongan un perjuicio para nosotros, bien sea con despidos, un ERE y por supuesto, el cierre».
«No queremos más conflictos»
Sin embargo, desde el comité de empresa se deja muy claro que «no queremos crear más conflictos. Nuestro objetivo es mantener ese convenio, porque consideramos que es la mejor solución para la empresa y para proteger la montaña de Romeu». Y advierten que dejar sin efecto ese acuerdo supondría devolver a Lafarge todos sus derechos mineros de explotación, que van más allá de las Margas y abarcaría toda la zona norte, además de obstaculizar la declaración de paraje natural.
Los trabajadores, que han solicitado este informe junto a los sindicatos, han pedido una reunión con los portavoces de los grupos políticos, cita a la que aún no se les ha convocado después de varias semanas, un extremo que pone de manifiesto «la falta de interés del equipo de gobierno en ese documento, al que tenemos la percepción que ningunean cuando arroja luz al conflicto», postura que «no nos sorprende, puesto que el alcalde ya nos dijo que para él los informes válidos son los que tenía de los técnicos».
No obstante, desde el consistorio se les ha asegurado que les convocará a la comisión prevista.
