Una asamblea de Iniciativa Porteña decidirá el siguiente paso de la asociación vecinal tras el revés judicial sufrido por el segundo expediente de segregación. Así lo han decidido los dirigentes de la formación que, en palabras del portavoz municipal, Manuel González, consideran que «es una decisión de la suficiente importancia para que decidan los socios».
Y es que los segregacionistas tienen abierto el plazo de diez días para presentar un recurso de casación en la sala de los contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, un camino que ya recorrieron hace unos años, cuando la derrota definitiva del primer expediente supuso una condena de cerca de 4.400 euros por las costas.
En el actual proceso jurídico, IP ya ha sido sentenciada a hacer frente a este mismo castigo, lo que considera un paso más en el intento de «estrangular económicamente» a la asociación. Concretamente, el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana fija esta cuantía hasta un máximo de 1.200 euros más IVA, 600 euros por cada uno de los demandados: la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunt.
A este respecto, la sentencia conocida esta semana y dictada a finales de marzo refleja expresamente que deben imponerse a la demandante «al haber visto rechazadas todas sus pretensiones», aunque limita su importe «atendiendo a la actividad procesal desplegada por las partes demandas al oponerse al recurso, así como a la entidad del mismo y a su ausencia de especial dificultad».
Sentencias de 2008 y 2011
El fallo del TSJ argumenta muchos de sus postulados sobre la base de las sentencias que se dictaron con motivo del primer expediente de segregación en 2008 y 2011 y también asume los cuatro puntos que la Generalitat empleó para denegar la segregación del Port hace más de cuatro años. Así, el tribunal defiende que los 16.672 avalistas que apoyaron con su firma este expediente «no son la mayoría de vecinos residentes en el Puerto», que la distancia en línea recta entre los dos núcleos no supera los 5 kilómetros exigidos por la ley y que el casco histórico no podría mantener la calidad de sus servicios como municipio independiente del Port, al preverse «una minoración de ingresos del 30 %».
Frente a esos argumentos, González considera que «la sentencia se agarra a los informes municipales, que están llenos de falsedades». En esta línea, el portavoz de IP añade que «la mayor traba para la segregación es política y tiene su origen en el Ayuntamiento de Sagunto, que espero que algún día cambie su postura y permita la convocatoria de un referéndum».
A este respecto, González lamenta que Compromís no sea «coherente» y permita esta votación, que sería la forma de saber que « los porteños quieren la segregación».
