«Sospechas infundadas». Así calificó ayer el exalcalde y portavoz popular en el Ayuntamiento de Sagunt, Sergio Muniesa, las conclusiones del tripartito sobre la distribución y uso de los teléfonos móviles municipales. «Que un año más tarde vengan con esto es una bajeza para ocultar su inactividad en el gobierno. Quieren generar polémica y desviar la atención, más cuando desde el primer momento les hemos dado toda la información», añadió.
Por su parte, el exconcejal de Informática, José Luis Martí, a quien más se señaló desde el actual gobierno local por el aparente descontrol en el reparto de terminales y líneas, reconoció que en las dos conversaciones mantenidas sobre este asunto con Pepe Gil «me habla de fechas de entrega que no me cuadran por las cantidades que dice». El exedil admite que no llevaba registro personalmente ni tiene constancia que se hiciera, aunque «se debería haber realizado».
Además de negar que él diera los terminales en mano, «nunca lo hice», Martí asegura que «no tengo constancia de que ningún exconcejal o familiar tenga móvil del ayuntamiento». El popular también ha querido reivindicar en declaraciones a Levante-EMV su gestión como encargado de la telefonía, ya que «conseguimos rebajar la factura de 300.000 a 180.000 euros anuales».
Muniesa, mientras, precisó que «se han ido cambiando terminales y renovándose a concejales de todos los grupos políticos, ya que, como el propio señor Gil reconoce, es una herramienta de trabajo necesaria que tanto a concejales del gobierno y de la oposición como a los técnicos se les ha ido adaptando a las evoluciones tecnológicas para estar al servicio de los ciudadanos».
Respecto a las más de 200 tarjetas de móviles encontradas en un caja, el exalcalde explicó que «eran remitidas periódicamente por la compañía y, cuando dejamos la alcaldía, no había ninguna activada». Su uso, según Muniesa, eran la mayoría para el alumbrado y algunas de emergencia para ediles o técnicos que sufrían alguna avería.
El exalcalde reiteró que «esta maniobra pretende justificar la falta de gestión» y reclamó al tripartito que se preocupe de explicar «que sus liberados cuestan 800.000 euros al año, que su propuesta presupuestaria contempla 7 millones más de impuestos, que se tardan meses en pagar a los proveedores o que haya un millón de impagos sólo del pasado año».
