El portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, va a solicitar la devolución de las multas fruto las denuncias por infracciones de tráfico realizadas por la Guardia Rural. Para ello, pedirá un informe al secretario del Ayuntamiento de Sagunt con el que pretende asegurar que su petición es viable y legal.
Así lo anunciaba ayer en rueda de prensa después de acusar a los agentes rurales de «extralimitarse» en sus funciones al «dedicarse a poner denuncias sobre infracciones de tráfico cuando no es su competencia», explicaba el segregacionista.
Según sostiene González, los agentes rurales han interpuesto más de 300 denuncias, lo que supone cerca de 600.000 euros, puesto que la gran mayoría anotan como sanción 200 euros. «La mitad ya se ha tramitado», aseguraba, incluso en algunos casos ya se han cobrado, mientras que la otra mitad «ha sido paralizada por el secretario, tal y como me dijo ayer», decía el portavoz de IP; un extremo, el de la paralización, que el alcalde Quico Fernández negaba esta semana en declaraciones a Levante-EMV.
La misma fuente secundaba que la Guardia Rural puede poner denuncias como cualquier otra persona, tal y como aclaraban el jefe del servicio, Jose María Martínez y el máximo mandatario de la localidad, en la información que publicó este medio. Sin embargo, sostenía que al no ser agentes de la autoridad en el ámbito urbano «no tienen ninguna presunción de veracidad»; es decir, que «si cualquier denunciante puede demostrar que no estaba allí en ese momento, la denuncia debe ser retirada».
Desde IP sostienen que la Guardia Rural, a tenor de que la mayoría de estas denuncias responde a infracciones de tráfico, «está suplantando a la Policía Local, que es a la que compete realizar esta vigilancia». Además añaden que la mayoría de denuncias se realiza en horario en el que la policía puede acudir y actuar, por lo que no entienden a qué responde estas actuaciones del cuerpo rural, «cuando lo que debería de hacer es vigilar el campo y más con los robos que padece, que es su principal cometido», insistía González.
A este respecto añadía que «si sobran efectivos de la guardia rural que los coloque en el turno de noche para evitar los hurtos y si este cuerpo no es necesario, pues que se elimine y los guardias pases a ser policías locales», proponía el edil de IP.
Responsabilidades políticas
Ante lo sucedido, desde Iniciativa Porteña se piden «responsabilidades políticas y las propias que se puedan derivar del puesto de trabajo del jefe de la Guardería Rural», aunque González aseguraba tener la sospecha de que las órdenes de denuncia han salido del propio Fernández. «El alcalde tienen que velar por el buen funcionamiento del Consell Local Agrari y no puede dar a los rurales unas órdenes sobre unas funciones que no les competen; se les paga para otra cosa, no para que vigilen si se cometen infracciones de tráfico».
Sin embargo, el propio jefe de la Guardia Rural, aclaraba que su presencia en la zona donde más denuncias se han puesto, la carreta de la Vila, respondía a una cuestión de robos además de a una petición de los propios agricultores, que habían dado cuenta del peligro que corrían debido a las infracciones de tráfico que se producían en esta carretera detrás del centro comercial, donde en sus proximidades hay varias propiedades citrícolas.
Por último, el portavoz de IP exigió al alcalde que «pida disculpas, porque ha ido directamente a cazar con dinero público».
