El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en Sagunt, Francisco Campillo, considera que «no es justo que se pierda ni un segundo en tareas que no favorezcan a evitar los robos en el campo», en referencia a las denuncias de tráfico que ha interpuesto la Guardia Rural. Campillo pide al alcalde, Quico Fernández, como presidente del Consell Local Agrari, que «regule esta situación y más sabiendo la preocupación que existe con los robos que estamos padeciendo».
El representante de los agricultores reconocía que cualquier persona puede poner denuncias, pero «no es el momento para que lo haga la Guardia Rural con la que está cayendo», añadía. «No pasa nada si se trata de un caso puntual, pero no 300 denuncias», como se ha publicado en los medios de comunicación, decía.
El presidente de AVA considera que «se está perdiendo un tiempo necesario para prevenir los robos y vigilar los campos», en perseguir las infracciones de tráfico, y apuesta porque este cuerpo rural destine «todas sus fuerzas, ganas y efectivos a luchar contra esta lacra, que es un continuo sin vivir para nosotros».
Campillo recuerda que en la última junta de seguridad se adquirió el compromiso de destinar todos los medios posibles a este cometido. «Sabemos que la plantilla de Guardia Rural es más bien justita, por lo que pedimos al señor alcalde que destine a estos efectivos a frustrar robos y mande a la Policía Local a ocuparse de las infracciones de tráfico».
Con estas declaraciones a Levante-EMV, Campillo quiere dejar claro que no se cuestiona el trabajo de este cuerpo, «están haciendo una gran labor para los medios que se tienen, y además hay que destacar su voluntad, pero no pueden perder el tiempo en estas cosas, porque ellos deben estar ahora en la vigilancia de los campos como prioridad absoluta».
Cabe recordar que el jefe de la Guardia Rural, José María Martínez, ha insistido varias veces en que la presencia de la Guardia Rural en el camino de la Vila, donde más denuncias se han cursado, responde a un tema de robos y a una petición de los propios agricultores ante el peligro que corren por infracciones de tráfico.
