El Ayuntamiento de Sagunt aprobó ayer por unanimidad sendas reclamaciones sobre la AP-7 y Parc Sagunt a las administraciones estatal y autonómica que, pese a ser reiterativas a lo largo de los últimos años, no resultan menos importantes para el desarrollo de toda la comarca.
La primera de ellas en aparecer en el orden del día fue la exigencia a la Generalitat de que finalice el desdoblamiento de la carretera de acceso al polígono industrial, no sin antes estudiar las afecciones sobrevenidas, así como la incorporación al proyecto de estrategias para minimizar el impacto y mejorar la compatibilidad con el acceso ferroviario al puerto comercial, con el enlace a la V-21, con los trazados de la alta velocidad o la ampliación del bypass, así como con la conexión peatonal entre los polígonos y con el Marjal dels Moros.
En esta moción, elevada como pronunciamiento institucional tras el acuerdo del consejo económico y social de Sagunt, también se reclama que los promotores de Parc Sagunt, que son el Estado y la Generalitat, destinen los recursos que aseguren la finalización de las infraestructuras pendientes, entre las que destacan los 12 millones necesarios para acabar las obras de urbanización del polígono.
Por lo que respecta a la AP-7, la propuesta partió de los populares, cuyo portavoz, Sergio Muniesa, obtuvo el apoyo del resto de grupos para instar al Ministerio de Fomento a iniciar los trámites para abrir una salida directa desde la autopista entre el peaje y el Pontazgo, lo que supondría «una pequeña inversión para obtener un gran beneficio».
Estas ventajas, según recalcó el concejal del PP, no se limitarían a Sagunt, así que su moción también contempla acciones conjuntas con los ayuntamientos de Canet d'En Berenguer y les Valls para dar mayor impulso a una iniciativa que «favorece el desarrollo industrial y turístico de la comarca».
Unidad valenciana
Estas cuestiones relacionadas con otras administraciones dio pie a que el alcalde, Quico Fernández, alabara la tendencia detectada en los últimos tiempos según la cual «todos los valencianos nos estamos uniendo contra las políticas discriminatorias del Estado, tanto desde el punto de visto financiero como inversor. Estamos tomando conciencia —añadió el nacionalista— de que las decisiones políticas que se toman desde Madrid nos están arruinando».
