La secretaria general de la Unión Comarcal de CC OO, Begoña Cortijo, ratificó ayer en el juzgado de Sagunt la querella criminal presentada por el sindicato contra la multinacional Bosal al considerar que el cierre de su fábrica en Sagunt en enero de 2015 se produjo por una presunta «insolvencia punible que en ningún caso fue fortuita sino provocada e implicó una violación de los derechos de los trabajadores». Así lo explicaba Cortijo a Levante-EMV tras prestar declaración mientras numerosos extrabajadores se concentraban frente al juzgado, después de que varias unidades de la Policía Nacional se hubieran desplazado hasta el lugar. Los máximos mandatarios de la multinacional belga estaban citados, pero no llegaron a comparecer «porque, al parecer, no les había llegado la citación, lo que hará que se les envíe desde el Ministerio de Asuntos Exteriores», según explicó Cortijo.

Se espera que mañana continúen las declaraciones ante el juzgado y acudan exresponsables de la planta, en calidad de investigados, mientras la plantilla se moviliza.

De este modo proseguirán las diligencias previas abiertas ayer, con las que se deberá determinar si hay un procedimiento aplicable ante la querella criminal presentada por CC OO y de qué tipo es.

Hasta el juzgado ayer acudieron el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, la edil de Presidencia, Teresa Garcia y el de Promoción Económica, José Vicente Muñoz. Estos dos últimos insistieron a preguntas de este diario en que la Generalitat ya ha pedido las ayudas europeas que prometió a los extrabajadores de Bosal, pero declinaron pronunciarse sobre cuándo se podrán conceder. «Está tardando todo más de lo esperado», reconoció el alcalde. Entre la plantilla se reconocía el nerviosismo a medida en que pasa el tiempo «sin ver nada concreto», pero los responsables municipales pedían paciencia y representantes de EU y del PC apoyaban a la plantilla.