Las asociaciones de vecinos Bonilles-Romeu y Tres Barrancs han advertido que acudirán a los juzgados para defender sus intereses se finalmente se prolonga el permiso de ocupación de Monte Público a Lafarge para que siga excavando en 33 hectáreas más dentro del perímetro actual de la cantera del Salt del Llop.
Según los residentes en esta zona «en caso que el Ayuntamiento de Sagunto o la Conselleria de Medio Ambiente aprobaran ampliar la actividad más allá de 2017, no dudaremos en llevarles ante la justicia en defensa de nuestros derechos ciudadanos y de la legalidad. Porque ante todo debe primar la salud, la seguridad y la calidad de vida de las personas, así como los valores medioambientales, frente a los intereses económicos de una empresa», afirman los vecinos.
Justifican este posicionamiento en la nueva Ley de Ordenación del Territorio (Lotup), que, según el colectivo, recoge de forma clara que «toda nueva autorización de ocupación minera debería estar a más de 500 metros de usos residenciales», lo que hace incompatible la prolongación de la actividad minera en Romeu, sostienen los vecinos, ya que «la cantera se sitúa ya a escasos metros de las viviendas tras sucesivas ampliaciones, suponiendo cada vez mayores molestias y riesgos sobre las personas y las casas».
Ante esta situación, los vecinos «exigimos al ayuntamiento que sea firme en su obligación de ajustarse a la legalidad, de defender el interés general y de intentar la conciliación de todos los intereses sin ceder al chantaje del supuesto lucro cesante y de la amenaza del cierre de Lafarge y despido de sus trabajadores», criticando que la empresa siga sin buscar «alternativas extractivas legales y aceptables desde el punto de vista social y medioambiental» para cuando caduque su ocupación de la actual cantera del Salt del Llop en diciembre de 2017.
El colectivo recueda que «por mucho poder mediático y dinero que tenga Lafarge para pagar abogados e informes interesados, los vecinos hemos ganado la única sentencia existente hasta el momento sobre el asunto, confirmando que la denegación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para ampliar la cantera sobre la montaña de Romeu fue correcta y legal, y que se encuentra vigente».
Responsable del conflicto
Apuntan a la empresa como responsable del conflicto además de a los anteriores gobernantes por no exigir a la empresa que buscase alternativas al abastecimiento de la fábrica de cemento, «esperando que el gobierno municipal así lo haga». Por otro lado, exigen «estar presentes y representados en cualquier reunión de negociación o comisión al respecto que se lleve a cabo, al igual que lo está está representado Lafarge, porque nosotros también somos afectados».
