La audiencia pública convocada ayer por el tripartito de Sagunt para hacer balance de su acción de gobierno cuando casi su cumple un año desde su toma de posesión estuvo prácticamente monopolizada, tanto en participación como en tiempo de debate, por el futuro de Lafarge. Trabajadores de la cementera y vecinos de la cantera del Salt del Llop tomaron la palabra para mostrar su punto de vista sobre el conflicto, del que el alcalde, Quico Fernández, aseguró que «esperamos resolver en los próximos meses».
El nacionalista, que se alternó con la concejala de Medio Ambiente y diputada autonómica, Teresa Garcia, para dar respuesta a las preguntas y reflexiones sobre esta cuestión, también señaló que «hemos ofrecido una alternativa real y viable», consistente en prolongar la concesión en la montaña de Romeu hasta 2027, con la condición de no ampliar el perímetro y proteger así el resto de este espacio, y abrir una cantera en la zona deforestada de El Pinyal, que es la que menor impacto paisajístico supondría.
La zona de explotación sería mucho menor de la reclamada por Lafarge y requeriría el «desarrollo de nuevas figuras urbanísticas que posibiliten esta actividad en un suelo que, a día de hoy está protegido», pero consideran desde el gobierno municipal que «sería una solución real que conjugaría los intereses de todas las partes y nos daría tranquilidad, al menos relativa», según Fernández.
Pelota en el tejado de la empresa
El nacionalista insistió en que «la cantera actual tiene recursos para 10 años más sin necesidad de ampliar su perímetro», tiempo suficiente para tramitar las alternativas extractivas, así que «es el momento de que la empresa diga si de verdad quiere dejar el Salt del Llop y mantener su actividad en la ciudad o prefiere dejar caer la planta de Sagunt», aseguró Garcia.
La diputada también se encargó de explicar el motivo por el que el ayuntamiento ha pedido al Consell prórrogas para pronunciarse sobre las tramitaciones abiertas por Lafarge en la Generalitat. «De los tres permisos autonómicos que hay que obtener, uno está OK y los otros están pendientes. Nosotros hemos pedido tiempo porque hay cuestiones previas que resolver antes de nuestro pronunciamiento, como el plazo en el que legalmente puede continuar en marcha la actual cantera o como afectan a un hipotético acuerdo los incumplimientos de la empresa con la anterior concesión».
La nacionalista añadió que «no queremos dar a la empresa ninguna excusa para irse», antes de tener que escuchar algún abucheo tras asegurar que «nosotros estamos del lado de los trabajadores». Salvo alguna que otra subida de tono, el intercambio de opiniones estuvo marcado por las buenas formas dentro de las discrepancias, que se acentuaron a la hora de hablar del convenio suscrito entre consistorio y cementera hace tres años.
Y es que mientras varios empleados de la cementera mantuvieron que era legal, como defiende el informe encargado por ellos, el alcalde aseguró que «es simplemente un acuerdo político que, por ejemplo, no tiene ni informe urbanístico que evalúe las consecuencias de su aplicación». Fernández también recordó que ese convenio tiene una cláusula que lo supedita a la legalidad, que, según insiste el tripartito, se quebrantaría con su aplicación.
Apisonadora
Mientras el alcalde aseguró que los responsables de la empresa «no pueden pretender pasar como una apisonadora por encima de todos», Garcia reiteró la voluntad del ayuntamiento para resolver esta cuestión. Así, la nacionalista desveló que se ha pedido a Minas que detalle un listado con las canteras viables a menos de 30 kilómetros a la redonda, «como pidió Lafarge», al tiempo que reclamó a la empresa el resultado de las prospecciones para las que hace unos años obtuvo el permiso en la zona de El Pinyal.
De esta forma, los trabajadores de la multinacional fueron encontrando réplica a cuestiones como «¿qué hay que hacer para tener una solución real y duradera?» o a críticas como lo «mal» que ha llevado este asunto al gobierno local o la «demagogia» que practica en lugar de «hablar menos y aportar más soluciones, porque nos tienen muy despistados con todo este asunto».
También algunos residentes en la montaña de Romeu pidieron la palabra para pedir garantías del cumplimiento de los compromisos de Lafarge, ya que «nunca ha existido control de lo que hace en la cantera y nadie puede ofrecerme garantías de que si la excavación sigue hacia abajo no se vaya a caer mi casa».
Los problemas de salud en torno a la actividad de la cementera, el bienestar de las personas o el futuro del empleo fueron otras cuestiones que se abordaron durante esta audiencia pública, que se repetirá mañana en el Port, concretamente en el Triángulo Umbral, donde todo hace presagiar que la presencia de vecinos estará mayoritariamente copada por trabajadores de la planta de Lafarge en Sagunt.
