08 de junio de 2016
08.06.2016

El alcalde de Sagunt pide responsabilidad al PP y dice que alternativas no legales pueden amenazar Lafarge

08.06.2016 | 17:44

Fernández afirma que el equipo de gobierno trabaja para que se haga un nuevo convenio con alternativas reales y basadas en la legalidad

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha pedido responsabilidad al Partido Popular en relación en las declaraciones hechas acusando al equipo de gobierno de «llevar al límite a la empresa Lafarge, poniendo en riesgo la continuidad de la misma y de los puestos de trabajo».

Así mismo, también ha explicado que el primero en incumplir el convenio fue el Partido Popular y en segundo lugar la empresa y ha añadido que buscar alternativas que no sean viables y no sean reales desde el punto de vista legal sí que puede poner en peligro la continuidad de la empresa. Por eso, ha afirmado que el Equipo de Gobierno trabaja para la redacción de un nuevo convenio basado en las leyes, contemplando alternativas como la explotación en profundidad de la actual cantera del Salt del Llop y la explotación en algunas zonas de El Pinyal, con el objetivo simultáneo de la protección de la montaña de Romeu.

El alcalde ha argumentado que: «Las declaraciones del Partido Popular son bastante irresponsables porque como hemos explicado ya en más de una ocasión, y la última precisamente en la audiencia pública, los únicos que han incumplido el convenio son los que lo firmaron en el ámbito de ayuntamiento (el PP), y los que lo apoyaron, y en segundo lugar la misma empresa. Y digo esto porque en el Pleno del mes de abril de 2015, en la anterior legislatura, al que se llevaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para recalificar la zona del Pinyal, un aspecto que estaba previsto en el convenio, fue el mismo Partido Popular, como partido de gobierno, quien retiró esta propuesta del orden del día. Y este es el primer incumplimiento del convenio. En segundo lugar, la misma empresa, que en la tramitación del expediente de explotación de Las Margas desistió de su propia propuesta».


Respecto a las acusaciones y las críticas afirma que: «El actual equipo de gobierno, lo único que ha hecho ha sido intentar cumplir el convenio en los términos que indica la misma cláusula del secretario municipal que cierra el texto, y es que el convenio sólo puede ser aplicable de manera coherente con la legalidad vigente. Y esta no es la legalidad estrictamente municipal, sino que es la legalidad que afecta, cuanto menos, a tres consejerías: la consejería responsable de minas, que es la Consellería de Economía Sostenible; la consejería responsable de Medio Ambiente, que es la que también lleva agricultura; y la consejería responsable de Urbanismo».


En este sentido, Fernández ha avanzado que: «Nosotros, de hecho, hemos pedido una reunión entre las tres consellerías para unificar un criterio que de acuerdo con la legalidad pueda ser coherente con el mismo convenio. Un convenio que no tenía informe urbanístico, y que sin un informe urbanístico del mismo ayuntamiento difícilmente podía ser encajable con la legalidad. Por eso, nosotros después de haber tenido conocimiento de un hecho que no estaba contemplado en el mismo convenio, como era la posibilidad de ampliar la explotación de la cantera actual en profundidad, hemos considerado que la alternativa es ampliar esta explotación en profundidad y dar la posibilidad de otra cantera, bien en el término municipal o bien fuera. Y concretando el tema de Pinyal, en aquella zona que sea compatible con la ordenación, con la legislación y con la preservación del espacio natural».

A ello añadía: «Pero, nosotros entendemos que esto supone la redacción de un nuevo convenio que también cumpla el convenio anterior, porque se olvidan de que uno de los objetivos del convenio es la protección de la montaña de Romeu y nosotros lo que pretendemos es que se haga de manera simultánea. Es decir, que al mismo tiempo que se amplía se proteja el resto de la montaña de Romeu, como no podría ser de otro modo, porque para nosotros lo más importante es preservar los derechos de todos los ciudadanos de nuestro municipio. Pensamos que son derechos compatibles con una alternativa para la empresa y para los puestos de trabajo».


A juicio del alcalde: «Lo que pasa es que para el Partido Popular, y otros partidos, parece que lo único que les mueve e interesa son los derechos de esta multinacional, más allá de los derechos de los mismos trabajadores, que nosotros sí que garantizamos. Y la prueba es que en otras ocasiones en que los derechos de los trabajadores de Lafarge han sido vulnerados, somos nosotros los que nos hemos puesto también junto a los trabajadores que en aquel momento tenían una situación de perjuicio por parte de la empresa».


Finalizaba diciendo: «Tenemos que pedir al Partido Popular especialmente, y al resto de partidos, que sean más responsables porque este gobierno está trabajando para respetar el convenio y para ajustarlo a la legalidad vigente. Alternativas que buscan atajos, bien es verdad que no llevan a ningún lugar. Eso sí que puede poner en peligro la continuidad de la empresa, buscar alternativas que no sean viables y no sean reales desde el punto de vista legal, y por supuesto que no tengan en cuenta que el objetivo simultáneo es la viabilidad de la empresa y la protección de la montaña de Romeu».

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