Un intento de estafa a una compañía aseguradora les ha costado a dos personas que operaban desde un almacén de Sagunt un total de 32 meses de prisión y 14.400 euros de multa.
Así lo han determinado sendas sentencias, primero del juzgado de instrucción número 5 de Sagunt y más recientemente del Tribunal Supremo, después de que la aseguradora contratara a un detective privado y un perito que descubrieron el fraude que se escondía detrás de la reclamación de 200.000 euros por haberse deteriorado una partida de melocotones. Alegaba el condenado que la avería en una cámara de refrigeración, provocada por un corte de suministro eléctrico, había echado a perder la «delicada y valiosa» fruta, valorada en algo más de 180.000 euros, mientras que el resto de la reclamación se correspondía con los gastos de limpieza y las reparaciones.
Sin embargo, la investigación determinó que se había cometido un delito intentado de estafa y otro consumado de falsedad en documento mercantil, cuando, apenas dos semanas después de que el condenado ampliara su póliza de seguro para dar cobertura a los productos refrigerados hasta un importe de 250.000 euros, se comunicó el siniestro.
Las sentencias reconocen que «no hay prueba directa que acredite el fraude», aunque defienden que si se encontraron «indicios incriminatorios suficientes» para concluir que «la fruta se encontraba en el almacén en las fechas anteriores» a las reflejadas en los ocho albaranes «falsificados» y que, «en todo caso, su deterioro no estaba cubierto por la póliza».
Y es que el propietario del almacén de Sagunt, «en connivencia» con el otro condenado, que era el arrendatario del campo de melocotoneros, presentó recibos con los que pretendía acreditar la compra de la fruta y su transporte entre el 13 y el 16 de junio. Sin embargo, el testimonio del propietario de la empresa que supuestamente se encargó de trasladar los melocotones negó haber realizado el servicio, al tiempo que se constató la aparición en estos albaranes de matrículas de camiones que «no se corresponden con la realidad».
Estas pruebas acerca de la falsificación de los documentos mercantiles trataron de desvirtuarse sin éxito por el acusado, alegando una presunta enemistad del transportista como consecuencia del impago del servicio.
Cortes de suministro eléctrico
Otro de los indicios en los que se basaron ambos tribunales para dictar su sentencia son algunos aspectos que rodearon a los sucesivos cortes de suministro eléctrico que se registraron durante las fechas en los que los condenados aseguraban que la fruta estaba en sendos refrigeradores en su almacén de Sagunt. La empresa de seguridad informó a uno de los condenados e incluso un electricista se personó en el almacén para reponer el servicio, muestra del «desinterés de los acusados por el estado de la fruta depositada».
Y es que un técnico de la fabrica de las neveras testificó en el juicio que una avería pudo provocar un cortocircuito que hiciera saltar el automático y cortara al suministro, pero admitió que el fallo pudo ser provocado y que su servicio técnico funciona las 24 horas del día durante todo el año.
Así, entienden ambos tribunales que la fruta «fuera cual fuera su procedencia, ya estaba deteriorada por razones o en fechas no cubiertas por la póliza de seguro». Además, las sentencias precisan que los condenados participaron de manera concertada en los hechos.
En el recurso al Supremo, uno de los condenados reclamó que la multa se redujera de los 15 a los 2 euros diarios, al quedar en una situación «poco más que mísera tras la pérdida de la cosecha». Sin embargo, el tribunal denegó esta solicitud al no tratarse de un caso «extremo de indigencia».
En los fallos también se obliga a los acusados al pago de las costas procesales, así como de los gastos de la aseguradora en la contratación del detective privado y el perito.
