La empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) ha dado al fin el último paso para que la desalinizadora de Sagunt entre en funcionamiento. Ocho años después de que se iniciara una inversión que ha alcanzado los 40 millones de euros, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha emprendido la búsqueda de una empresa que se encargue por un máximo de 8,3 millones de euros durante los próximos cuatro años de la explotación, mantenimiento y vigilancia de la planta y de todos los elementos que conforman su sistema de distribución del agua desalada.
En un pliego de condiciones que abre el plazo de presentación de ofertas hasta mediados de julio se recoge también las dudas sobre el uso de esta instalación, ya que Acuamed señala expresamente que «la planta no ha entrado en servicio, ni se dispone de una estimación concreta de los plazos para su puesta en marcha ni de los volúmenes a atender». Pese a esa advertencia, la empresa estatal incluye entre la documentación del concurso para elegir a una empresa con experiencia en la gestión de desalinizadoras una tabla en la que prevé el inicio de la producción en abril del próximo año con un 10 % de la capacidad, que asciende a un total de 22.900 m3 al día.
Esta previsión, que va acompañada de la aclaración de que «el abastecimiento urbano» será el uso principal del agua, se incrementa hasta el 20 % dos meses después, mientras que alcanza el 25 % en noviembre de 2017, nivel al que se mantiene en esta estimación hasta octubre de 2018, que es cuando finaliza el contrato de cesión de la explotación de la desalinizadora de Sagunt, antes de una hipotética prórroga por dos años más.
Periodos de parada y marcha
Además, Acuamed precisa en el pliego de condiciones que «si por necesidades justificadas y comunicadas, el funcionamiento de la planta tuviera que ser discontinuo (con periodos alternativos de parada y marcha), el adjudicatario adecuará la operación sin que suponga un sobrecoste». También «si por necesidades de producción o distribución de agua de Acuamed, la planta tuviera períodos de parada prolongada, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamar ningún sobrecoste».
Otra de las cuestiones que aborda el expediente de contratación puesto en marcha desde la empresa estatal es el número de trabajadores de la planta, que en este momento funciona con el mínimo de seis empleados que se necesitan incluso cuando está parada.
Esta plantilla la conforman un jefe de planta, que debe ser un ingeniero técnico superior industrial o de caminos, canales y puertos con un sueldo de 72.000 euros al año; un ayudante del jefe de planta, que también debe ser ingeniero técnico con una nómina de 5.200 euros al mes; un jefe de mantenimiento, con emolumentos mensuales de 5.400 euros; dos oficiales de primera de mantenimiento, que perciben ingresos en cada caso de 34.350 euros al año; y un jefe de laboratorio, cuyo sueldo asciende a 2.900 euros mensuales.
Este organigrama se completaría en caso de que la desalinizadora funcionará a pleno rendimiento con otros 11 empleados, concretamente dos oficiales de segunda de mantenimiento, cuatro oficiales de primera de operación, cuatro peones especialistas de operación y un administrativo. Esta plantilla de 17 trabajadores supondría un gasto mensual en personal de algo más de 54.000 euros, según las estimaciones de la propia Acuamed.
Otra obligación impuesta por la empresa estatal a la adjudicataria es la vigilancia y control de todas las instalaciones, permaneciendo al menos siempre un mínimo de dos personas.
