Cientos de terrazas saldrán del «limbo jurídico» en el que se encontraban tras aprobarse ayer en el pleno, provisionalmente la nueva ordenanza que regula estas instalaciones, para la que habrá un mes de alegaciones en el periodo de exposición pública.

La ausencia de dos ediles, favoreció que la normativa saliera adelante, ya que de haberse encontrado en la sesión Miguel Chover (PSPV) y el concejal que sustituirá a Paco Villar (PP) tras la renuncia de éste a su acta, el punto se hubiera retirado, tal y como propuso Ciudadanos, con los votos favorables de la oposición que ostentan la mayoría de la corporación, aunque ayer no.

La nueva ordenanza permitirá regularizar la situación de muchas terrazas de la ciudad que se encuentran de forma ilegal al no contar con la autorización de ocupación de vía pública que tiene que expedir la policía, cuya competencia se cuestiona, aunque por otro lado, el ayuntamiento esté cobrándoles la tasa por ocupar ésta. Un aspecto que denunciaron los representantes de los hosteleros que acudieron al pleno y que hicieron uso de la palabra a través de su portavoz, Juan Pozo, quien denunció que el «ayuntamiento cobrara por lo ordinario y sancionara por lo extraordinario».

Además de la crítica política sobre la gestión de este asunto como si de «un cortijo» se tratara o rechazar el endurecimiento de las condiciones y pedir que la ordenanza no se convierta en «un pelotazo técnico» , los hosteleros alabaron el trabajo de la concejala, Roser Maestro, que «ha tenido a bien escucharnos y propiciar el entendimiento».

Sin embargo, la ordenanza no estuvo ausente de críticas, la oposición en bloque incidió en la necesidad de trabajarla al «no estar perfilada, incompleta e inmadura», entre algunas calificativos que se utilizaron. También se lamentó la falta de participación en la redacción de la misma de vecinos, técnicos y los propios afectados, que según PP y PSOE hace una semana desconocían su contenido.

Por último, se criticó el poco tiempo para estudiarla al llevarla a una sola comisión.

Sin embargo, tanto la edila de Territorio y Sostenibilidad como la de Policía explicaron la urgencia de aprobarla dada la situación de inseguridad jurídica en la que están, acusando al PP de ser los responsables por haber estado cuatro años, «sin hacer nada« dijo Maestro.

Muniesa explicó que la mejora de la ordenanza se dejó encima de la mesa la legislatura pasada por unanimidad a la espera de la aprobación de un plan acústico que «el tripartito todavía no ha acabado después de un año»