Los miembros de Acció Ecologista Agró se han mostrado «profundamente alarmados e indignados después de leer en el diario francés Le Monde que Lafarge habría llegado a "acuerdos opacos y inconfesables" con el Estado Islámico (ISIS) para mantener la producción de una de sus fábricas de cemento en Siria».
Por ello, los ecologistas han instado al Ayuntamiento de Sagunt a paralizar las negociaciones con Lafarge para garantizar la continuidad de su fábrica en la localidad con la renovación del permiso de explotación de la cantera del Salt de Llop en el Monte de Romeu y la apertura de otra nueva en la montaña del Pinyal.
La medida se produce después de que el pasado martes, como alertan los ecologistas, «el diario francés Le Monde destapaba que la cementera Lafarge llegó a «acuerdos opacos y inconfesables» con el Estado Islámico (ISIS) en Siria para mantener, entre 2013 y 2014, la producción de su fábrica de cemento en Jalabiya. Según informa el rotativo francés, Lafarge también recorrió durante este tiempo a "intermediarios y negociantes que comercializaban petróleo refinado con el ISIS". Por tanto, esta multinacional del cemento, que en 2015 se fusionó con la suiza Holcim, ha estado financiando directa o indirectamente a un grupo terrorista internacional como es el Estado Islámico», asegura la organización ecologistaen un comunicado.
Desde Agró se asegura que la empresa «ha utilizado toda su maquinaria para poner en marcha una campaña de limpieza de imagen con asociaciones, sindicatos, instituciones e incluso entrando en colegios y en despachos políticos. Además, ha bombardeado los medios de comunicación locales con publicidad donde se vende como un "vecino ejemplar en aspectos medioambientales y sociales y con las generaciones presentes y futuras"».
Sin embargo, insisten en que «como ha denunciado el diario Le Monde, Lafarge es un "vecino ejemplar" que negocia con terroristas». Por ello, desde Acció Ecologista-Agró, organización que se opone a los planes de esta cementera para abrir nuevas canteras en los montes de utilidad pública de Sagunt, consideran «que Lafarge no se merece ser beneficiaria de nuestro patrimonio natural, cuando es capaz de llegar a "acuerdos opacos y inconfesables" con el ISIS para asegurar sus beneficios empresariales».
Desde Agró, única organización ecologista valenciana que ha sido declarada entidad de utilidad pública, también instan al Gobierno de España a investigar las conexiones denunciadas por Le Monde entre Lafarge y el Estado Islámico, por si pudieran tener algún tipo de relación con la actividad de este grupo terrorista en Europa.
Además, exigen al Ayuntamiento de Sagunt «que paralice las negociaciones con este "vecino ejemplar" hasta que no se aclaren sus vínculos con el ISIS».
