Los partidos con representación municipal en Torres Torres esperarán a que el juez decida sobre el arresto del alcalde, Rafael Gil (PSPV-PSOE), dentro de una operación contra varios extrabajadores de su empresa por supuestos delitos de narcotráfico.
La noticia de su detención adelatada ayer en exclusiva por Levante-EMV causó ayer una gran sorpresa en la población y no faltaton los vecinos que opinaban en privado que debería dimitir cuanto antes «para no ensuciar la imagen del pueblo». Sin embargo, ningún partido se pronunció públicamente en esa línea.
El exsecretario local del PSPV local, Nacho Maravilla, dijo «confiar en Gil, en que no tenga nada que ver con el tráfico de drogas y en la transparencia de su gestión municipal». Además, apuntó que el ayuntamiento «funcionaba con normalidad» y con el otro concejal del PSPV como teniente de alcalde «sin que haya ningún vacío de poder, ya que automáticamente ha asumido sus funciones como ocurre cuando está fuera del término municipal».
La oposición optó ayer por la cautela al valorar lo sucedido. Los populares, que llegaron a tener a Gil en sus filas y de teniente de alcalde hasta 2014, abogaron por la «prudencia», como aseguró a este diario el exalcalde Alfonso Guillem. Sus exsocios de gobierno de Compromís también reconocieron estar expectantes. «Me he enterado por el periódico. Estamos a la espera de ver qué pasa. Nos faltan datos. Me gustaría hablar con el alcalde y conocer su versión para luego ver qué hacer», decía una de sus concejales.
A nivel provincial, el PSPV-PSOE acordó ayer abrir un procedimiento de información reservada al alcalde de Torres Torres.
La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva de la provincia de Valencia adoptó esta medida «ante las noticias aparecidas sobre un supuesto comportamiento ilícito del Alcalde socialista en Torres Torres, Rafael Gil y, de acuerdo con lo establecido en el art. 57 del Reglamento de Afiliados y Afiliadas».
El objetivo del partido, según dijo, es «determinar las circunstancias que concurren en el asunto y si, en el mismo, pueden concurrir elementos que justifiquen la incoación de un expediente disciplinario». Para ello, y con objeto de recabar toda la información respecto a los hechos, se ha nombrado como instructora del caso a la secretaria general del partido en Sagunt, la abogada Nuria Hernández.
